El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) presentó hoy, 8 de abril, una petición contra el Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo informó su abogado Sidney Sittón, quien fue el encargado de presentar el recurso. La petición es por la supuesta violación de "múltiples derechos consignados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos".
Sittón explicó, en comunicado de prensa, que ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, el expresidente pidió medidas cautelares de protección y "demandó" a Panamá "ya que los procesos seguidos en la Corte Suprema de Justicia y el desafuero que dictó el Tribunal Electoral violan el derecho a la doble instancia debido a la inexistencia del derecho a recurrir ante un ente superior".
De acuerdo al abogado, existe un "doble juzgamiento" por dos procesos "por la misma causa" uno en la Corte y otro en la Fiscalía Anticorrupción.
Igualmente señala que se está "desconociendo" la presunción de inocencia "de un diputado del Parlacen [Parlamento Centroamericano] y presidente de un partido político".
Aunque no se especifica cuáles son las medidas cautelares solicitadas, un especialista consultado por La Prensa explicó que "resulta prácticamente imposible" que éstas procedan y que la CIDH ordene suspender los procesos o retrotraer lo actuado provisionalmente, hasta que se decida si la petición presentada por la defensa de Martinelli es admitida o no.
Según el artículo 25 del reglamento de la CIDH, solo se otorgan medidas cautelares cuando está de por medio la vida o la integridad personal, o cuando se puede producir un daño superlativo sobre un derecho humano fundamental que resulte inevitable e irreparable de no concederse tales medidas. Nada de lo anterior se configura en el caso que presentó el exgobernante.
La fuente consultada por La Prensa también calculó que la CIDH podría tardar entre 18 a 24 meses para decidir si admite la petición de Martinelli, ya que el sistema interamericano tiene más de 8 mil casos en estudio y menos de 40 abogados. Posterior a la admisión, la Comisión estudia el fondo del caso, las partes presentan sus argumentos y, si finalmente se adopta una decisión y el demandante y el Estado no están de acuerdo, tienen la opción de recurrir. De superar todas las etapas descritas, el caso se estaría resolviendo en un lapso mínimo de seis años.
Martinelli, quien está fuera del país desde el pasado 28 de enero, le fue levantado el fuero penal electoral por parte del Tribunal Electoral mediante un Acuerdo de Sala del 7 de abril.
A finales de enero, en una actuación histórica, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió de forma unánime abrir una investigación penal por peculado contra Martinelli.
El proceso guarda relación con un expediente abierto por la Fiscalía Segunda Anticorrupción por el pago con supuestos sobrecostos de contratos por más de 45 millones de dólares para la adquisición de comida deshidratada, que sería distribuida a estudiantes de escuelas públicas de todo el país.