Unos $8.8 millones de sociedades ligadas a Cristóbal Salerno –accionista mayoritario de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA)–, mantiene aprehendidos la Fiscalía General de Cuentas.
Así lo confirmó a este diario el titular de ese despacho, Guido Rodríguez, al aclarar que el reciente fallo del Juzgado Primero de lo Penal, que liberó cuentas y vehículos por $35 millones a Salerno y varios de sus familiares, no afecta el proceso por posible lesión patrimonial al Estado que adelanta su despacho.
La Fiscalía de Cuentas abrió de oficio este proceso, a partir de denuncias interpuestas por las actuales autoridades ante el Ministerio Público, debido a supuestas irregularidades en el contrato que el gobierno pasado otorgó en 2010 a CISA para cobrar impuestos morosos.
Sectores de la sociedad civil opinaron que el fallo del juez Rolando Quesada Vallespi es un duro golpe moral al país.
FALLO DE JUEZ ‘ES UN GOLPE MORALl’
La decisión del Juzgado Primero de lo Penal de descongelar cuentas bancarias y vehículos propiedad del Cristóbal Salerno, quien es investigado por supuestas anomalías en la gestión de cobros de impuestos morosos a través del contrato otorgado en 2010 a Cobranzas del Istmo, S.A., (CISA) no alcanza medidas adoptadas por la Fiscalía de Cuentas.
Así lo confirmó el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, quien explicó que dicha entidad abrió una investigación de oficio sobre el caso CISA, tras denuncias presentadas en enero de 2015 ante el Ministerio Público por el director general de Ingresos, Publio Cortez, y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
La Fiscalía de Cuentas cauteló dineros y bienes relacionados con Salerno y con la empresa CISA, como parte de un proceso por posible lesión patrimonial.Un examen practicado por la Dirección de Investigaciones y Auditorías Forenses de la Fiscalía de Cuentas, encargada de fiscalizar fondos públicos, reveló el supuesto pago de comisiones por cobro de morosidad no gestionada por la empresa CISA, señaló Rodríguez.
Además, la fiscalía investiga la supuesta duplicidad en la cancelación de comisiones, así como el presunto cobro indebido de impuestos, anomalías que habrían causado un perjuicio al Estado de $29 millones 561 mil 501.
La investigación de la Fiscalía de Cuentas indica que, aunque Salerno devolvió al Tesoro Nacional $20 millones 699 mil 982 dólares –producto de las gestiones de cobros a Tocumen, S.A.–, la probable lesión en perjuicio del Estado se estableció en $8 millones 861 mil 518 dólares.
Según Rodríguez, la decisión del juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, solo afecta el proceso penal radicado en ese despacho, pero no la investigación que adelanta su oficina por la posible lesión patrimonial al Estado.
CUESTIONAN DECISIÓN
En tanto, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la actuación del juez Quesada Vallespi de liberar $35 millones en cuentas de ahorros y plazos fijos relacionados con Salerno y varios de sus familiares.
El juez argumentó que la mayoría de las sociedades a las que se les mantenían cauteladas cuentas fueron creadas antes de la firma del contrato adjudicado a CISA, por lo que, a su juicio, “no hay manera de afirmar que estas fueran utilizadas para ocultar los dineros provenientes del presunto delito cometido a partir del referido contrato”.
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), reaccionó así: “SentimOs desconfianza, frustración y preocupación (...) en un país donde no hay confianza en la justicia, ¿cómo podemos alcanzar desarrollo sostenible?”.
Planells recordó que en septiembre se comenzará a aplicar el sistema penal acusatorio en Panamá, Colón y Darién, y en las comarcas indígenas, y que en ese escenario serán nombrados 290 jueces y magistrados.
Y como todavía no se ha implementado la ley de carrera judicial, se preguntó: ¿Quién nombrará a los jueces?, ¿cuál será el criterio para su selección?, ¿quiénes compondrán el tribunal administrativo que se encargará de los procesos disciplinarios a los jueces?
En tanto, el catedrático de la Universidad de Panamá Miguel Antonio Bernal calificó la decisión del juez como “un golpe moral” a la necesidad de justicia que tiene la sociedad panameña.Bernal opinó que lo ocurrido con la empresa Cobranzas del Istmo fue un “atraco gestado por el expresidente Ricardo Martinelli y varios de sus ministros, luego que se conociera del alcance de sus acciones y el daño ocasionado al erario público.A su juicio, esta es solo la primera de una serie de decisiones judiciales que dejarán demostrada la poca capacidad de los jueces y fiscales de la administración de justicia, incapaces de hacer frente a los grandes intereses económicos que existen en el país.
Sobre el fallo de Quesada Vallespi también se refirió el presidente Juan Carlos Varela, quien dijo estar preocupado por la justicia. El mandatario instó a quienes están al frente de los órganos del Estado a velar para que sus funcionarios cumplan con la ley.
Tras advertir que es respetuoso de las decisiones de otros órganos del Estado, dijo tener esperanza de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomen medidas para depurar el Órgano Judicial”.
ELABORAN APELACIÓN
En este contexto, fuentes judiciales confirmaron que la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, prepara la apelación al fallo, que deberá sustentar en un plazo de cinco días tras ser notificada de la decisión, lo que ocurrió el pasado lunes.
En febrero pasado, Sterling terminó la investigación y en su vista solicitó al Juzgado Primero Penal abrir causa criminal a varios de los señalados en el proceso (ver relacionada).