El juzgado decimotercero de circuito de lo penal fijó del 27 al 29 de marzo la audiencia preliminar en el proceso por la presunta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de Caja de Ahorros (CA).
La fiscalía remitió el 30 de noviembre de 2016 su vista fiscal de este caso con un pedido de juicio para 16 personas, incluyendo a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA en el periodo 2009-2014, así como para los otros exdirectivos: Ricardo Chanis, Anastacio Ruiz De León, Fernando Correa y Ricardo Arango Pezet.
También pidió juicio para Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, exgerente y exsubgerente del banco, respectivamente.
Francolini y Pastor están detenidos preventivamente. El primero desde el 12 de octubre pasado, y el segundo, desde el 28 de octubre.
Según la vista fiscal, los exdirectivos, el exgerente y el exsubgerente de la CA "no actuaron como guardianes sociales encargados del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia", al tramitar y aprobar un préstamo al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador en 2012.
La fiscal Tania Sterling pidió a su vez llamar a juicio en este caso a particulares, como es el caso de Felipe Pipo Virzi, Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Manuel Morales, Ricardo Calvo, Claudio Poma Murialdo, Mauricio Ortiz. En la lista se incluye a West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific (FP).
En el caso de Virzi, la fiscal asegura que está vinculado como la persona que recibió el dinero que supuestamente causó la lesión patrimonial al Estado, tras la aprobación del préstamo. En el caso de Valdés y Clare, la fiscalía señala que FP fue el destino final del desembolso realizado por la CA y que se trata de dinero estatal que tuvo un fin distinto al que se le dio.
En cuanto a Ricardo Ricky Calvo, la fiscal plantea que aparece como firmante autorizado de HPC-Contratas-P&V, junto con Manuel Morales, Tobías Garrido, Mauricio Ortiz y Claudio Poma Murialdo.
La fiscal apunta que la misma conducta que señala para los servidores públicos en este proceso, de igual forma alcanza a los particulares "que en grado de coparticipación contribuyen apoderándose de los bienes del Estado".
El juzgado estableció como fecha alterna del 10 al 12 de abril próximo.