El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría de las donaciones y contratos de servicios profesionales gestionados por la Asamblea Nacional en los periodos fiscales 2014, 2015 y 2016, dado que se pudo haber generado una lesión patrimonial al Estado.
Así está consignado en una nota que Rodríguez dirigió al contralor Federico Humbert, el pasado miércoles 8 de marzo.
“La Asamblea Nacional, como organismo, está sujeta a la fiscalización y posterior auditoría por parte de la Contraloría General de la República, toda vez que el fuero especial establecido en el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Panamá, cobija a los miembros de la Asamblea considerados individualmente como diputados de la República, mas no así al Órgano Legislativo como institución”, señala el fiscal de Cuentas en la carta a Humbert.
La Contraloría tiene la función de presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades, según dicta el artículo 280 de la Constitución.
Una investigación de La Prensa documentó que la Asamblea, de julio de 2014 a diciembre de 2016, desembolsó $14 millones en donaciones y subsidios que, en la mayoría de los casos, no fueron entregados a los beneficiarios originales. Igualmente, se han firmado contratos por servicios profesionales que, en conjunto, suman $68 millones, por trabajos que nunca se llevaron a cabo.
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