El Ministerio Público y los querellantes coadyuvantes buscan la anulación formal de la sentencia que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli, de la comisión de los delitos de espionaje político y peculado.
Ambas partes concurrieron este miércoles 28 de agosto, a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá.
Las seis víctimas querellantes se han dividido en dos grupos de tres. En uno están Rosendo Rivera, Rubén Polanco y Juan Carlos Navarro, quienes anunciaron este miércoles que presentaran un escrito de anulación "con causales concurrentes de casación", contra la sentencia absolutoria a favor de Martinelli. En tanto, el fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, anunció que él también presentará un recurso de anulación. Tienen un plazo de ocho días para hacerlo.
Corresponderá al Tribunal de Apelaciones atender estos recursos.
En el otro grupo de querellantes están Balbina Herrera, Mitchell Doens y Mauro Zúñiga. Estos son los que presentarán el recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"La mayoría de los magistrados están impedidos o contaminados por haber conocido en algún momento este proceso", expresó Nicomedes Díaz, abogado de Juan Carlos Navarro.
Navarro, a su vez, comentó sobre la sentencia del tribunal de juicio, que declaró no culpable a Martinelli el 9 de agosto y que fue leída formalmente el pasado lunes.
"Es increíble y absurdo que en Panamá pasen este tipo de cosas. Lo único que pedimos es que se haga justicia y mas nunca se repitan estos incidentes, que se respete el derecho a la comunicación, el derecho a la privacidad y los derechos constitucionales. Que mas nunca vuelvan a ocurrir las graves violaciones a los derechos humanos de los panameños", dijo Navarro.
Según los jueces del tribunal -Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara- la acusación no logró probar su teoría del caso, ya que afloraron gran cantidad de dudas razonables -por ejemplo, en relación con el testigo protegido- que obligaron a absolver al acusado.
Martinelli enfrentaba una condena de hasta 21 años de prisión por la presunta comisión de cuatro delitos: inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos formas de peculado (de uso y de malversación). No obstante, los jueces consideraron que, respecto a los dos primeros delitos, no se acreditó la ausencia de autorización judicial para efectuar las interceptaciones. Dicho de otro modo, que no había pruebas de que estos espionajes fueran ilegales.
En ese mismo sentido, la fiscalía -siempre según los jueces- tampoco probó siquiera que hubo interceptaciones de las comunicaciones, ni acreditó en debida forma el uso de equipos de espionaje, específicamente el denominado sistema Pegasus.
El fallo indica que no hay constancia de que los mensajes interceptados a las víctimas (y que estos reconocieron en diferentes diligencias judiciales y ante el tribunal) en efecto procedan de Pegasus. Tampoco se sustentó, a través de una auditoría, la afectación patrimonial al Estado con respecto a la pérdida del equipo Pegasus ni se presentó un inventario de los bienes sustraídos al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), lo que fundamenta la acusación de los delitos de peculado.
Los jueces también hacen mención a Ismael Pittí, alias "Brad", exagente del CSN asignado a las tareas de espionajes y quien en todo momento había sido identificado por la fiscalía -y por los actores en las etapas anteriores al juicio oral- como el testigo protegido No. 843014. Pittí describió "de manera estructurada, cronológica y por iniciativa propia", los hechos que se dieron entre 2011 y 2014 en el edifico 150 del CSN, como la instalación de Pegasus y el seguimiento a varios objetivos, según él, por orden directa del entonces presidente Martinelli.
Pero según el tribunal, Pittí es un "testigo sospechoso", lo que implica que su credibilidad se ha visto afectada, comprometida, en virtud de fuertes motivos de parcialidad e interés.