La fiscal Patricia Herrera aseguró este jueves, 20 de septiembre, que no solicitó la sanción a los medios de comunicación que publicaron información relacionada con las entrevistas que practicó el Ministerio Público (MP) a las personas que se mencionan en la investigación por la muerte de Eduardo Calderón, hecho ocurrido el pasado 7 de julio, en el hotel El Panamá y en el que se menciona al padre David Cosca.
"Puedo decir con propiedad que esto no ha sido de esta manera", dijo la fiscal tras salir de una audiencia de control de diligencias por este caso.
Aseguró que lo que solicitó al juez de garantías Justo Vargas el miércoles, durante una audiencia a puertas cerradas relacionada al caso, que declarase afectación para las víctimas "por algunas situaciones que se estaban planteando de manera pormenorizada o detallada de los elementos de la investigación".
Indicó que quiere dejar claro el rol que juegan los medios de comunicación. "Ustedes son aliados en la lucha contra el crimen, mal pudiéramos entonces pedir una sanción para ustedes", indicó.
La Fiscal Superior de Homicidios de la @PGN_PANAMA Patricia Herrera, reiteró que #NUNCA pidió que los medios de comunicación fueran sancionados, durante una audiencia de un caso de homicidio registrado en un hotel en Vía España. #VIDEO #PGNComprometidaContigo pic.twitter.com/yiXfZJKYVI
La Fiscal Superior de Homicidios de la @PGN_PANAMA Patricia Herrera, reiteró que #NUNCA pidió que los medios de comunicación fueran sancionados, durante una audiencia de un caso de homicidio registrado en un hotel en Vía España. #VIDEO #PGNComprometidaContigo pic.twitter.com/yiXfZJKYVI
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) September 20, 2018
Ayer, el Órgano Judicial emitió un comunicado donde informa que la fiscalía solicitó sanciones a los medios de comunicación.
Igualmente, pidió que sancionara a Saray Blaissdell, abogada de Valentín Calderón, y a Holanda Polo, defensa de Hidadi Santos Saavedra –el único detenido e imputado en este caso–, por presuntamente filtrar datos del expediente.
El juez aclaró que no podía acceder a su pedido, porque no puede limitar el derecho a la libertad de expresión y tampoco puede restringir las normas procesales. Lo que sí dictaminó el juez fue una reserva del expediente para los terceros intervinientes en el proceso.
