El ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Alejandro Garuz guardaba en su residencia dispositivos de almacenamiento de datos (USB) con audios e informes y perfiles de activistas políticos y de la sociedad civil cuyas comunicaciones posiblemente fueron interceptadas durante la pasada administración.Al ampliar ayer su declaración indagatoria ante el despacho adjunto a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada que investiga las escuchas ilegales en el gobierno anterior, Garuz confirmó el contenido de los USB, pero debido a la mala calidad de las grabaciones no se distinguen con precisión las voces en algunas de las víctimas, según revelaron fuentes judiciales.
Trascendió que los perfiles de los dirigentes e informes de sus actividades eran suministrados a Garuz diariamente por un grupo de orden público del CSN y por miembros de estamentos de seguridad como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Dirección de Investigación Policial y agencias privadas.
DEFENSA ACEPTA
Cristóbal Arboleda, quien ejerce la defensa de Garuz, aceptó que su cliente tenía en su poder los perfiles, pero aclaró que eran parte de sus funciones en el CSN.
“Calificar como irregular este tipo de actividades depende, porque para nosotros son actos normales dentro de una estructura de seguridad. Sin embargo, pareciera que la fiscalía le da otra connotación”, dijo.
Los USB fueron encontrados tras un allanamiento realizado por las autoridades en la residencia de Garuz en la madrugada del 12 enero pasado. Desde ese día, el exfuncionario está detenido junto con el también exjefe del CSN Gustavo Pérez.
DILIGENCIA DE 7 HORAS
En la diligencia de ayer se ventilaron detalles sobre dos interceptaciones en las que se escuchan las voces de la cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, y de la diputada perredista Zulay Rodríguez.
El fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delincuencia Organizada, Ricardo Muñoz, tomó la ampliación de la declaración indagatoria a Garuz, diligencia que se prolongó durante al menos siete horas y media, entre las 7:30 a.m. y las 2:30 p.m.
Garuz colaboró poco durante la indagatoria, ya que contestaba parcamente ante las preguntas del fiscal, contaron las fuentes.
Después de escuchar una petición del abogado Ángel Álvarez –defensor de varios afectados por las interceptaciones– para que la fiscalía le aprehendiera sus propiedades y cuentas bancarias, Garuz decidió acogerse al artículo 25 de la Constitución Política que le otorga el derecho a no declarar contra sí mismo.
Álvarez representa en el proceso por las escuchas telefónicas al catedrático Miguel Antonio Bernal, a la diputada Zulay Rodríguez, la dirigente magisterial Yadira Pino y al expresidente Ernesto Pérez Balladares.
CACICA CONDENA
La cacica Silvia Carrera condenó el hecho de que fuese grabada, lo cual, dijo, confirma las denuncias que hizo en cuanto a que el gobierno de Martinelli sabía de antemano todo sobre las protestas indígenas.
“Es claro que se daban las intervenciones a los celulares”, dijo la dirigente indígena al ser entrevistada por este diario.
Martinelli, bajo la lupa del espionaje
El futuro del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009–2014) quedará definido hoy, 25 de marzo, cuando el fuero penal electoral con el que cuenta sea retirado oficialmente.
Una vez suceda esto, la justicia podría requerirle que vuelva al país para que responda por los diferentes casos que lo involucran. Una de estas investigaciones tiene que ver con presuntas interceptaciones ilegales y espionaje a periodistas, miembros de la oposición, sociedad civil e incluso a sus propios funcionarios y allegados. El escándalo estalló a finales de 2014, cuando se conoció que la administración de Martinelli gastó más de $13 millones en la compra de equipos y software a una empresa israelí a mediados de 2010 con fondos del Programa de Ayuda Nacional.
Los equipos dirigidos al Consejo Nacional de Seguridad, una entidad que responde directamente a la Presidencia, se encuentran desaparecidos. Se han encontrado grabaciones, transcripciones y vídeos que han permitido adelantar una investigación por parte del Ministerio Público.
