El exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, fue trasladado ayer, martes 21 de abril, de la cárcel La Gran Joya, en Pacora, al penal El Renacer, en Gamboa.
Garuz está bajo detención preventiva, mientras se le investiga por supuestamente haber interceptado las comunicaciones de hasta 150 empresarios, comunicadores, dirigentes de la sociedad civil y opositores al gobierno de Ricardo Martinelli.
Por este caso, el Ministerio Público solicitó llamamiento a juicio para Garuz, Gustavo Pérez –antecesor de Garuz en el Consejo de Seguridad- y dos exfuncionarios prófugos de ese organismo –Ronni Rodríguez y William Pitty-, por la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
La audiencia preliminar por este caso está programada para entre el 17 y el 21 de agosto, en el Juzgado Décimosexto Penal.
Pérez también tiene medida cautelar de detención preventiva y está en El Renacer, un penal supuestamente reservado para reos que tienen condenas en firmes. Mientras estuvieron recluidos en La Gran Joya, Garuz y Pérez anunciaron una huelga de hambre -cuyos detalles y duración se desconocen-, para exigir su traslado a El Renacer.
En El Renacer se encuentran, además, el exgeneral Manuel Antonio Noriega; el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, y el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, investigado por irregularidades en las compras de esa entidad, en la administración pasada.
Rechazan recurso de hábeas corpus a favor de Garuz
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Alejandro Garuz dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la pérdida de un equipo para la interceptación de llamadas telefónicas y correos electrónicos, con un valor de 13 millones de dólares.
Las magistrados de la Corte decidieron no acoger el recurso, ya que en este proceso la fiscalía no ha girado una orden de arresto contra Garuz.
La denuncia contra Garuz sostiene que, en 2010, se adquirió un equipo de escuchas telefónicas a través del Programa de Ayuda Nacional, pero que desapareció de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional.
En tanto, Garuz ha señalado desconocer el paradero de estos aparatos.