El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en representación del Estado, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda Contencioso Administrativa para que se declare nulo, por ilegal, el contrato AL 3-82-10, de 9 de agosto de 2010 para el suministro de un sistema de información cartográfico (mapa digital), suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Telespazio Argentina S.A., del conglomerado italiano Finmeccanica.
Explicó que esta contratación directa, por un monto de $120 millones, y aprobada mediante Resolución N°114, de 3 de agosto de 2010, del Consejo de Gabinete y refrendado el 17 de noviembre de 2010 por la Contraloría, era para el “suministro, instalación, mantenimiento, capacitación y financiamiento del Sistema de Cartografía Digital de la República de Panamá”.
No obstante, el Gobierno advierte en la demanda que el objetivo “es un asunto de orden público que no puede ser decidido en un Tribunal Arbitral y que las violaciones que se le imputan a este contrato administrativo son graves y de orden público y tienen que ver con conductas reprochables y posiblemente delictivas de funcionarios públicos y particulares que originan la nulidad del contrato impugnado”.
Entre las irregularidades que destaca la demanda, es que el contrato se dio “sin que el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas presentaran ante el Consejo de Gabinete descripción de la adquisición, servicio u obra a contratar, justificación de la solicitud y de la contratación con el proveedor debidamente desarrollada y fundamentada”.
Además, consigna que el MOP nunca emitió un concepto u opinión sobre la viabilidad o ventaja de contar con estos recursos, y específicamente con los aparatos o productos fabricados por el grupo Finmeccanica, “ni nunca se presentó ante el Consejo de Gabinete alguna alternativa”.
Señala que que pese a que el contrato impugnado, y que no fue publicado en Gaceta Oficial, contiene una cláusula arbitral, “este no afecta en lo absoluto la competencia privativa de la Sala Tercera para conocer y decidir sobre la nulidad”.
El polémico mapa digital que Panamá contrató a la compañía italiana solo se ejecutó en un 80%, sin embargo, se hicieron desembolsos millonarios.