La Comisión de Estado por la Justicia advirtió que el sistema penal acusatorio (SPA) entró en vigencia en el Primer Distrito Judicial –que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién y las comarcas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan- sin contar con los recursos necesarios, “pese a que las instituciones involucradas solicitaron oportunamente los fondos que eran necesarios para la entrada eficaz de dicho sistema”.
La mayor preocupación de la Comisión está centrada en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), que necesita fondos “urgentes” para poder prestar los servicios periciales de forma oportuna y adecuada, ya que una de las bondades del nuevo sistema es, precisamente, una justicia expedita.
El director del Imelcf, Humberto Mas, solicitó para este año un presupuesto de $77.6 millones, pero le aprobaron menos de la mitad ($35.7 millones, para ser exactos).
Para el próximo año, Mas requirió $79.2 millones, pero ya sabe que este será nuevamente recortado. Necesita dinero para contratar personal, modernizar los equipos y adecuar sus instalaciones, ya que los edificios actuales están “viejos, enfermos y obsoletos”.
La Comisión –según una nota de prensa divulgada este viernes 2 de septiembre- también lamenta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombrara a 931 personas para el Primer Distrito Judicial, al margen de lo establecido en la ley de carrera judicial.
La explicación de José Ayú Prado, magistrado presidente de la CSJ, fue que no se le asignaron recursos para implementar la carrera judicial. La Comisión solicita que estas designaciones –que Ayú Prado ha dicho que son temporales- sean revisadas y adecuadas a lo que dicta la ley.
Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela ha dicho que su gobierno brindó el apoyo al SPA, “mediante la asignación de presupuesto, traslado de partidas y créditos extraordinarios a las instituciones que lo integran”.
Para ver el comunicado de la Comisión de Estado por la Justicia al inicio del SPA en el primer distrito, ingrese aquí.