Los abogados Ángel Álvarez y Paulo Vega presentaron este martes 13 de septiembre una denuncia contra el magistrado Harry Díaz, por posible ejercicio ilegal de la abogacía.
Álvarez y Vega sustentan su denuncia en que Díaz fue sorprendido en las oficinas de Grupo Wisa, propiedad de Abdul Waked, el pasado 5 de mayo, horas después de conocerse que Estados Unidos incluyó a Waked, su hijo y otros familiares, en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. Con los Waked fueron listadas 68 sociedades panameñas.
Las oficinas de Wisa están en el piso 11 de la Torre Generalli, en Avenida Samuel Lewis. Díaz fue grabado saliendo de dichas oficinas, por el reportero reportero gráfico Mauricio Valenzuela, quien había acudido al lugar a tomar fotos tras enterarse de los señalamientos contra los Waked.
“Logró captar el momento en que el señor magistrado salía solo y sin acompañamiento de ningún escolta, de las referidas oficinas del grupo empresarial señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la misma mañana”, señala la denuncia presentada por Álvarez y Vega.
Poco después, Díaz explicó que estaba en esas oficinas como parte de una investigación sobre unas contrataciones en el Órgano Judicial. Posteriormente, presentó una “queja administrativa disciplinaria” contra Vielza Ríos, secretaria administrativa de la Corte Suprema de Justicia. La queja fue rechazada por el pleno de la Corte, el 12 de mayo.
En la denuncia se alega que cuando ocurrieron los hechos, Díaz no había sido autorizado para realizar investigaciones sobre ninguna falta administrativa, un requisito previsto en el artículo 206 de la Constitución.
Díaz explicó en su momento que en las oficinas de Wisa se reunión con Juan Luis Correa, “a quien presuntamente le une un vínculo familiar”. El magistrado señala que buscó a Correa, “por la relación que él tuvo con [el diario] La Estrella de Panamá”.
Los denunciantes han solicitado que Correa sea llamado como testigo. También piden que Vielza Ríos participe del proceso “en su calidad de víctima o afectada”.
Ángel Álvarez actúa como abogado de varias víctimas de la interceptación ilegal de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Díaz actúa como magistrado fiscal. En varias oportunidades, Álvarez ha cuestionado las actuaciones de Díaz, dentro del proceso por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad de las comunicaciones y derecho a la intimidad. Por este caso, la Corte solicitó la extradición de Martinelli, quien abandonó Panamá desde el 28 de enero de 2015.
La denuncia contra Díaz fue presenta en la Asamblea Nacional, a quien corresponde investigar a los magistrados, sean principales o suplentes.