El magistrado Oydén Ortega, fiscal del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por la compra de comida deshidratada con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), presentó los resultados obtenidos de una asistencia judicial a Brasil, país donde se elaboraron dichos alimentos.
Ortega presentó la documentación en la audiencia de control que se celebra este jueves 15 de septiembre, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en presencia del magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías.
La asistencia fue enviada a Brasil el 25 de junio de 2015 y se ampara en la Ley 5 de 2008, que aprueba el tratado sobre asistencia judicial mutua entre Panamá y Brasil, en materia penal. Específicamente se requería información sobre la relación entre Prativita Nutricinales Ltda., empresa brasileña que fabricó y vendió la comida deshidratada a Lerkshore Inc., proveedora del PAN.
Martinelli no compareció personalmente a la audiencia y se hizo representar por los abogados Carlos Carrillo, Sidney Sittón y Rogelio Cruz.
Sittón argumentó que "ninguno de esos documentos guardan relación alguna con nuestro representado".
Igualmente, pidió que se de por concluido el período de la investigación, fase que -según los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal- debe ser de hasta seis meses.
Ortega replicó que el plazo no ha vencido. "Tenemos muy claro, clarísimo esta etapa. Por eso pedimos la audiencia de imputación. Y no se puede contar ningún plazo porque no se le han imputado los cargos al investigado, momento a partir del cual comienzan a correr los plazos de los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal", indicó.
Mejia concordó con el razonamiento de Ortega y rechazó la petición de la defensa.
"El plazo empieza a correr desde el momento en que hay una imputación -remarcó-. Eso significa que si no hay imputación, un fiscal puede quedarse investigando el tiempo que decida", salvo que prescriba la acción penal.
El expresidente salió de Panamá el 28 de enero de 2015; sus abogados han dicho que se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos. La Corte ordenó la extradición y detención de Martinelli, para que comparezca por otro proceso: el de la interceptación no autorizada de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional.
Martinelli es investigado por la CSJ, dada su condición de parlamentario centroamericano. Además de los procesos por la compra a Lerkshore y la interceptación de las comunicaciones, la Corte ha admitido otras cinco denuncias contra el exmandatario.
Lerkshore Inc., representada por Rubén De Ycaza, se adjudicó el contrato por $49.9 millones.
Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal llamó a juicio a De Ycaza; al exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, y al exjefe de Nutrición de esa entidad, Ángel Famiglietti. En cuanto a Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario privado de Martinelli, se ordenó su conducción para que hiciera frente a la causa.