El Juzgado Decimoquinto Penal resolvió llamar a juicio al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli; el exjefe de Nutrición de esa entidad, Ángel Famiglietti; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, y al comerciante Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa proveedora Lerkshore Internacional Limited, por las irregularidades en la compra de alimentos deshidratados.
En el mismo Auto, el juez Leslie Loaiza ordenó la captura y conducción de Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario privado del expresidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014).
Igualmente, se dictó sobreseimiento definitivo a favor de los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas), y las exvice ministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela, quienes pertenecían a la junta directiva del PAN cuando se aprobó el contrato de la compra de comida deshidratada, a un costo de $44.9 millones.
La fiscal Segunda Anticorrupción, Vielka Broce, había pedido juicio para los nueve, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, fe pública y patrimonio económico. Una auditoría de la Contraloría General de la República calculó la lesión al Estado en $44.9 millones.
Tamburrelli, Famiglietti, de Bianchini y De Ycaza ya tienen alguna medida cautelar -ya sea de país por cárcel o de casa por cárcel-, salvo De Obarrio, que nunca ha comparecido personalmente al proceso. Desde el 3 de junio pasado, el juez Loaiza fijó un edicto para notificar a De Obarrio y se advertía a la población que tiene la obligación de informar sobre su paradero, “si lo conocen, so pena de ser sancionados conforme al Código Penal".
“Asimismo, se exhorta a las autoridades en general que presten la colaboración necesaria para lograr la comparecencia del imputado”, decía el edicto de Loaiza del 3 de junio.
Por la compra de los alimentos deshidratados, la Corte Suprema de Justicia abrió causa judicial a Martinelli, luego que Tamburrelli declarara en su indagatoria que el expresidente le ordenó contratar a Lerkshore.
Martinelli, por su condición de diputado del Parlacen, debe ser investigado por la Corte. Para esta tarea, el pleno escogió a los magistrados Oydén Ortega como fiscal y Jerónimo Mejía como juez de garantías. El caso debe ser reactivado, después que el pleno declarara inconstitucional el plazo de dos meses que fijaba la Ley 55 de 2012 ("Ley Blindaje") para investigar a los diputados -Martinelli es parlamentario centroamericano-. La norma había sido demandada por Ortega.
