Los 12 funcionarios señalados como miembros de una red de corrupción descubierta en el Órgano Judicial supuestamente cobraron dinero a cambio de influir en la toma de decisiones de carácter judicial.
Así lo concluye la Fiscalía Auxiliar en una resolución fechada el 14 de este mes, por medio de la cual impuso medidas cautelares de detención preventiva a nueve de los funcionarios y de país por cárcel a los otros tres. También decretó la detención preventiva de un particular.
Este caso se hizo público el 12 de este mes, luego de que la fiscalía practicara inspecciones oculares en la Secretaría del Segundo Tribunal y en los juzgados Primero y Decimosexto de Circuito, diligencias tras las que aprehendió a los 12 funcionarios, a quienes acusa de la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos por supuestamente cobrar coimas a cambio de dar libertades, retener boletas de captura, sobornar jurados de conciencia para juicios de homicidio y conceder fechas de audiencia.
“Esta situación fue acreditada mediante diligencia de vigilancia y seguimiento a los funcionarios involucrados, así como las diligencias de monitoreo e intervención de líneas telefónicas, donde se acreditó el cobro de dineros”, indica la resolución –a la que este medio tuvo acceso–, que lleva la firma del fiscal Marcelino Aguilar.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó intervenir los teléfonos celulares de los acusados.
Aguilar concluyó que las variaciones en las decisiones del Órgano Judicial “afectaron a una multiplicidad de usuarios del sistema, quienes han empeñado su confianza en la rectitud del funcionario judicial”.
En la resolución, el fiscal impuso la detención preventiva a los notificadores Edgar Jordán Archibold, Blas Macre y Rigoberto Ríos; los escribientes Carmen Castro, Rosa Quiroz, Evelio Hidalgo y Ana Barsallo; los conductores Gabriel De León y Javier De Gracia; y a Eduardo García, este último un exfuncionario que trabajó hasta diciembre de 2014 en el Órgano Judicial.
Además, aplicó medida cautelar de país por cárcel y de notificación quincenal a la secretaria ejecutiva Kira Puga Ehrman, a la asistente de magistrado Liz Romero y al asistente de abogado Carlos Herazo.
Aguilar también ordenó la suspensión del cargo de los 12 funcionarios acusados.
El Segundo Tribunal tramita los casos de homicidio y resuelve las apelaciones de recursos interpuestos ante los juzgados de circuito.