El Juzgado Primero Penal informó que ya recibió los resultados de la evaluación que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) realizó a Luis Cucalón, ex director general de Ingresos, y ahora aguarda una respuesta del Hospital Punta Pacífica sobre el alta médica o salida del exfuncionario de dicho centro hospitalario.
La información será valorada por la jueza Águeda Rentería, quien debe tomar una decisión sobre las medidas cautelares que pesan en contra de Cucalón, informó el Órgano Judicial en una nota de prensa divulgada este miércoles 6 de septiembre.
El Órgano Judicial no precisó el contenido del informe del Imelcf, únicamente que este fue requerido por la jueza Rentería el 21 de agosto pasado, el mismo día que el Segundo Tribunal Superior de Justicia comunicó al Juzgado Primero Penal que declaró no viable una acción de habeas corpus a favor de Cucalón.
El ex director general de Ingresos se mantiene hospitalizado desde el 7 de septiembre de 2015.
La jueza Rentería pide al Hospital Punta Pacífica que, además, indique cuáles son los tratamientos y recomendaciones para atender las patologías de Cucalón. Agrega que solo está a la espera de la contestación del hospital, "para resolver lo que en derecho corresponda".
Rentería envió la nota al hospital después de conocer que el centro otorgó un plazo de cinco días -que vencen el viernes 8 de septiembre- a Cucalón, para que abandone sus instalaciones. La decisión del hospital responde a unas declaraciones de Moisés Bartlett, entonces abogado de Cucalón, en las que señaló que correspondía al hospital, su director médico y el médico de cabecera explicar al país por qué Cucalón ha estado hospitalizado por dos años.
Félix Puga, gerente legal de Pacífica Salud/Hospital Punta Pacífica, consideró "inaceptables" las declaraciones de Bartlett y acusó a Cucalón de "dilatar" la entrega de la información médica requerida por el hospital "para sustentar la atención que debe brindársele".
La jueza ya había advertido que Cucalón "dilataba" el proceso que se le sigue por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cambiar de abogados a pocos días de la celebración de la audiencia y otorgar poder a Bartlett, con quien mantiene una causa de impedimento o recusación.