Un fallo del Juzgado Cuarto Penal, que no fue debidamente notificado a la Fiscalía Primera de Drogas, permitió la liberación de 25 personas investigadas por su presunta vinculación con una red de narcotraficantes.
Un informe de la Fiscalía de Drogas reveló que el fallo fue notificado a ese despacho el 1 de julio de 2016, pero el juzgado ya había ordenado liberar a los implicados el 29 de junio.
JUEZA
El Juzgado Cuarto Penal declaró nulo el proceso seguido a 25 personas presuntamente miembros de una red de narcotraficantes, que tenía su centro de operaciones en el corregimiento de Bethania, en la ciudad capital.
En un fallo con fecha de 28 de junio de 2016, la jueza encargada, Yoideth Chirú, decretó la nulidad de todo el expediente adelantado por la Fiscalía Primera de Drogas, en la que se investigaba a un grupo de 25 personas, entre panameños, hondureños y mexicanos, que supuestamente utilizaban a Panamá como centro para el almacenaje de droga, que luego era enviada hacia Norteamérica (Estados Unidos y México).
En su decisión, la juez Chirú estimó que la fiscalía de drogas incurrió en una equivocación procesal al momento de solicitar autorización a la Sala Penal de la Corte para escuchas telefónicas en este proceso.
De acuerdo con la juez, la fiscalía solicitó a la Sala Penal una certificación para la realizar las interceptaciones telefónicas, pero dicho mecanismo no reúne los requisitos de una resolución debidamente motivada (con argumentos que validen la diligencia), y que incluso dicha certificación no fue acompañada con las copias originales de las resoluciones que autorizaban las interceptaciones telefónicas.
La juez argumentó que la fiscalía incorporó estas pruebas al expediente sin antes haber cumplido con la formalidad exigida por la Constitución, de una resolución motivada por una autoridad judicial competente.
IRREGULARIDADES
En un informe, donde la Fiscalía detalla las irregularidades en este fallo, señala que la jueza desconoció el trámite que se le da a las solicitudes de interceptaciones telefónicas en casos de drogas.
La Fiscalía informó que a las 4:05 p.m. del 1 de julio de 2016 la jueza envió el auto de notificación del fallo, pero el 29 de junio de 2016 ya había ordenado poner en libertad a 25 imputados en esta causa, entre ello varios que no estaban detenidos formalmente y otros que se encontraban fuera del país en trámite de extradición.
La investigación en este caso se inició el 4 de marzo de 2015, luego de que la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) recibiera informes sobre la operación de una red internacional de tráfico de drogas. En uno de los allanamientos realizados en una casa en Betania se incautaron de 25 kilos de cocaína y documentación del resto de sus miembros y de sus operaciones.
En su informe al país, el pasado 1 de julio, el presidente Varela hizo un llamado al Órgano Judicial para que no sigan liberando a peligrosos criminales que amenazan la imagen del país y la vida de los ciudadanos.
