El Juzgado Decimosexto Penal debe notificar a 11 querellantes (víctimas) de la medida cautelar de casa por cárcel otorgada a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Estos 11 querellantes –de un total de 16– no asistieron a la audiencia preliminar del proceso penal seguido a Pérez, Garuz, William Pittí y Ronny Rodríguez –estos últimos prófugos– por las escuchas telefónicas durante el gobierno anterior.
Fuentes del Órgano Judicial indicaron que luego de que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y dos de los querellantes anunciaran su apelación a la medida de casa por cárcel dada a Pérez y Garuz, los mismos tendrán tres días hábiles para sustentar por escrito su oposición.
Además, una vez notificados, los otros 11 querellantes podrán, cada uno, anunciar y sustentar su apelación.
Todo este trámite debe darse como paso previo a que el juez Enrique Pérez decida si concede la apelación y la envía al Segundo Tribunal Superior para que resuelva.
Además de la Fiscalía anunciaron su apelación en calidad de querellantes el abogado Ángel Álvarez y el Consejo de Seguridad Nacional.
Mientras todo este trámite se cumple, Pérez y Garuz siguen detenidos en la cárcel El Renacer.
PRECEDENTE
En dos fallos del 6 de febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dos hábeas corpus y declaró legal la detención preventiva de Pérez y Garuz. La CSJ consideró que existen pruebas suficientes que vinculan a Pérez y a Garuz con los hechos graves y que representan un peligro de fuga.
No obstante, el juez Enrique Pérez argumentó que su decisión no está vinculada ni sustentada en los citados fallos de la Corte. Según el juez, tomando en cuenta que la pena por el delito contra la inviolabilidad del secreto es de 47 meses, no es viable mantener la detención de Garuz y Pérez.
Los otros dos acusados, Pittí y Rodríguez, están prófugos. Pero sus abogados particulares participaron de la audiencia.
Luego de concluida la audiencia preliminar, el juez Pérez deberá decidir si llama a juicio o archiva el proceso seguido a los cuatro acusados por las escuchas.Un total de 150 personas fueron afectadas por los pinchazos, de las cuales 40 rindieron declaración jurada en la fiscalía y 16 se convirtieron legalmente en querellantes (víctimas).