El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de contratos que afectaron el patrimonio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La decisión fue dada a conocer este viernes 12 de julio, por el Órgano Judicial, y beneficia a Rosa Elvira González, Charles Sadat Bonilla, Pacífico González, Javier Óscar Cachafeiro, Mónica María Andrade, Esperanza Juárez Andrade, Abraham Williams Gallardo, Vijey Edsel Pérez González, Carlos Roberto Ramos, Celia Aurora Jiménez, Mónica Elena Peralta Othon, Boris Zeballos Tenorio, Junia Esther Ortega, Alvin Araúz Andrión y Daniel Alberto Ríos.
El juez también favoreció a Loraine Brigitte Guardia y Rafael Guardia Juárez, hijos de Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, quien logró un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en este caso, luego de que proporcionó información importante para esclarecer la trama de corrupción.
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Igualmente fue sobreseído el exjefe de compras del PAN Abraham Williams.
La Fiscalía alegó que el delito precedente al blanqueo de capitales fue el peculado, y que este fue ejecutado mediante la asignación de contratos a través del PAN, algunos de los cuales tenían sobreprecios o no se ejecutaron a cabalidad.
LLANTAS
Este viernes también se conoció que el juez Loaiza reemplazó la pena de prisión por el pago de días multas a Edwin Miguel Serracín Pineda y Ana Victoria Andrión Mejía, ambos condenados por peculado en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de llantas a vehículos de la entidad.
Serracín Pineda y Andrión Mejía, exjefes de Bodega y de Transporte, respectivamente, en el PAN, fueron condenados a 48 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo, pero este viernes 12 de julio, el juez Loaiza remplazó la pena de prisión por el pago mil y 2 mil dólares, respectivamente, a favor del Tesoro Nacional.
El juez les otorgó el plazo de un año para saldar dicho pago.
Por este caso, una auditoría de la Contraloría determinó que hubo una lesión patrimonial de $169 mil.