ABUSO DE AUTORIDAD

Martinelli rechaza asignación de abogado por juez de garantías

A Martinelli se le investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

Martinelli rechaza asignación de abogado por juez de garantías
El Juzgado Especial adjunto al Juzgado Decimoséptimo de lo Penal analiza todos los casos relacionados con blanqueo de capitales, de acuerdo con una disposición del plen

El expresidente Ricardo Martinelli, actualmente detenido en Miami, Estados Unidos, rechazó la decisión del magistrado juez de garantías José Ayú Prado de asignarle un abogado de oficio en la audiencia a celebrarse el 21 de junio dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión de delitos, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, tras otorgar indultos durante su administración.

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Ayú Prado advierte a los abogados de Martinelli que si no acuden a la audiencia se designará un defensor de oficio

"En uso de mis garantías y usos constitucionales (...) reitero mi voluntad de mantenerme con mi defensa particular, Sídney Sittón y no con la defensa de oficio que su despacho desea asignarme", destaca una nota que lleva la firma del exmandatario y el sello de recibido este lunes, 19 de junio, por la subsecretaria general de la Corte Suprema de Justicia, Aura Tuñón.

"Mi voluntad es la que tiene que prevalecer y se tiene que respetar y es público y notorio mi situación actualmente y en donde el licenciado Sídney Sittón es parte de mi equipo de abogados en Estados Unidos (...) su despacho tiene pleno conocimiento de que el día martes, 20 de junio, mantengo una audiencia, por lo que es imposible que Sittón se encuentre en Panamá para el 21 de junio de 2017, fecha programada por usted para realizar la continuación de mi audiencia", señaló Martinelli en el escrito.

La audiencia que se efectuó el 14 de junio es parte del proceso que se sigue al exgobernante por haber emitido 355 indultos en junio de 2014, poco antes de culminar su mandato. A Martinelli se le investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública.


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