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Previamente consignó una fianza de $100 mil

Mayer Mizrachi se notifica ante la juez penal; tiene prohibido abandonar el país

Una auditoría interna reveló que Criptext incumplió con lo establecido en el contrato.

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Mayer Mizrachi (Izq.) a la salida del Palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial, el 8 de septiembre de 2016. Mayer Mizrachi (Izq.) a la salida del Palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial, el 8 de septiembre de 2016.

Mayer Mizrachi (Izq.) a la salida del Palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial, el 8 de septiembre de 2016. Foto por: LA PRENSA/Roberto Cisneros

Mayer Mizrachi Matalon en el Juzgado Decimotercero Penal. Mayer Mizrachi Matalon en el Juzgado Decimotercero Penal.

Mayer Mizrachi Matalon en el Juzgado Decimotercero Penal. Foto por: LA PRENSA/Juan Manuel Díaz

Mayer Mizrachi Matalon se notificó este jueves 8 de septiembre ante la juez Decimotercera Penal, Lina Hubiedo, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)

Acto seguido, quedó en libertad, aunque con impedimento de abandonar el país. Previamente, había consignado una fianza de $100 mil, que le había concedido el pasado 19 de enero el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a cambio de la medida cautelar de detención preventiva.  

La fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, había ordenado la detención preventiva de Mizrachi, dado que hasta este jueves había eludido comparecer personalmente al proceso.

"Esta era una mera formalidad, un protocolo. Todos sabemos que en febrero había pagado la fianza... Ahora estoy libre por las calles de Panamá", dijo Mizrachi al concluir el acto.

"Puedo decirles que estoy contento de estar en Panamá. Mi objetivo en la vida es la innovación, es mi único placer, si tendría que salir a trabajar a San Francisco, a eso iría", indicó.

También se refirió a la plataforma Criptext, una herramienta tecnológica por la que la AIG le pagó casi $212 mil, en el gobierno pasado.

Una auditoría interna reveló que Criptext no cumplió con lo establecido en el contrato: la creación e integración de red única y privada para los estamentos de seguridad, como Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia y Ministerio Público. El compromiso era instalar el sistema a 100 usuarios de esas entidades.

"El trabajo que hicimos al gobierno era personalizado. Entregamos 100 licencias. Creo que ellos han errado a nivel administrativo. El hecho de que no lo usaran los empleados gubernamentales adecuados es sinónimo de que no entregamos. Si hubo una insatisfacción en la manera que hicimos el contrato, lo podían haberlo dicho", alegó Mizrachi.

"Desde que él [Irvin Halman] entró a la administración [de la AIG], la plataforma se dejó de usar. Las 100 licencias estaban asignadas a empleados del gobierno. ¿Por qué se dejó de usar?... Aquí hay un caso político de por medio", agregó.

(Lea aquí las explicaciones de Halman sobre las anomalías del contrato con Criptext).

Eduardo Jaén, el anterior director de la AIG, se encuentra detenido preventivamente, por irregularidades detectadas en varios contratos firmados bajo su gestión.

Mizrachi fue recibido por varios familiares, que esperaban por él a las fueras del Juzgado Decimotercero Penal, donde fue conducido tras pasar la noche en la sede de la Policía Nacional (PN) en Ancón.

Silvio Guerra, abogado de Mizrachi, dijo que su cliente se retiraba para su casa. "Pido respeto a la dignidad del muchacho", señaló.

El pasado 19 de enero, el Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió una fianza de $100 mil a favor de Mizrachi, para evitar ser detenido, luego de evadir en reiteradas ocasiones la orden de indagatoria dictada por la Fiscalía Primera Anticorrupción. A cambio de la detención preventiva, el Segundo Tribuna dictó medida cautelar de impedimento de salida del país.

Mizrachi llegó a las 12:45 a.m. de este jueves al istmo, en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, luego de que las autoridades migratorias lo expulsaran del país sudamericano por un término de 10 años. De la terminal aérea de Tocumen fue conducido de inmediato a la sede de la Policía en Ancón.

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