Hace casi tres meses hizo su último anuncio oficial la oficina del magistrado Jerónimo Mejía, quien funge como juez de garantías en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos.
El 25 de enero pasado, Mejía informó a las víctimas y querellantes en el proceso que desde el 23 de diciembre de 2015 inició las gestiones para traducir al idioma inglés cerca de 2 mil páginas del expediente de las escuchas, con el fin de presentar formalmente la solicitud de detención de Martinelli ante Estados Unidos.
Mejía iba encaminado a cumplir con la orden que dio el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2015 de detener provisionalmente a Martinelli.
Sin embargo, desde ese comunicado oficial el magistrado no ha divulgado ninguna otra información sobre el proceso de los pinchazos.
Extraoficialmente, el 11 de marzo pasado se conoció que Mejía había solicitado la detención de Martinelli con fines de extradición.
No obstante, desde esa fecha el magistrado ha guardado silencio y no ha confirmado si es cierta o no la información sobre la solicitud de extradición.A su vez, la Cancillería afirma que no ha recibido ninguna petición de la Corte.
Lo único que ha trascendido es que el 14 de marzo pasado el director de la Policía, Omar Pinzón, confirmó que Mejía le remitió una nota en la que le pidió la detención de Martinelli en el territorio nacional.
Al día siguiente, Pinzón le respondió al magistrado que Martinelli no estaba en el país. Es conocido que el expresidente salió de Panamá desde el 28 de enero de 2015.
Mejía tampoco ha hecho ninguna petición a Interpol para detener a Martinelli, según fuentes de esa entidad.
Este diario volvió a insistir ayer ante la oficina de Mejía, a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, para conocer los avances del proceso, pero no hubo comentarios al respecto.
EXPEDIENTE SIN TRADUCIR
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia y abogados de los querellantes en el caso informaron ayer que el magistrado Mejía aún no ha concluido la traducción del expediente ni ha enviado el documento a la Cancillería, para que inicie las acciones tendientes a la extradición.
Carlos Herrera Morán, abogado del médico Mauro Zúñiga, una de las víctimas de los pinchazos, reveló que de la oficina de Mejía le informaron que la traducción del expediente al inglés no se ha cumplido aún.
Herrera Morán anunció que en los próximos días presentará un impulso procesal ante el despacho de Mejía, para que acelere el proceso de los pinchazos.
Este sería el tercer impulso procesal que presentan las víctimas y querellantes para que el magistrado cumpla con la orden de arresto de Martinelli que dio la Corte. Desde que se emitió esa orden el 21 de diciembre de 2015, el juez de garantías del caso solo ha mandado a traducir el expediente al idioma inglés, hecho que no se ha cumplido, y pidió al jefe de la Policía Nacional que capturara al expresidente en el territorio nacional.
En tanto, Ángel Álvarez, quien representa al catedrático Miguel Antonio Bernal y a la diputada Zulay Rodríguez, víctimas de las escuchas, informó que mientras no se pida el arresto de Martinelli ante las autoridades de Estados Unidos será más difícil traerlo ante la justicia panameña.
Rodolfo Pinzón, abogado de la ex candidata presidencial Balbina Herrera, también víctima de los pinchazos, consideró que no hay justificación alguna para tanta demora por parte del magistrado Mejía y que no haya hasta el momento ninguna acción en firme para lograr que el exmandatario comparezca al proceso y se le haga un juicio.
BURLA A LA JUSTICIA
Por su lado, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que se está perdiendo un poco de la confianza que se había logrado en la administración de justicia y que esta lentitud es una burla a la justicia.
Explicó que en el caso de los pinchazos la sociedad se ha quedado esperando información sobre la solicitud de extradición a Martinelli.
“Cómo podemos decirle al mundo que somos un país con cero tolerancia a la corrupción, cuando la Corte no puede o no quiere investigar las denuncias presentadas”, indicó. “Nos parece inaceptable que los casos de alto perfil no estén avanzando”. agregó.