La coordinadora de los fiscales anticorrupción del Ministerio Público (MP) Tania Sterling aseguró que los expedientes en los que se ha mencionado al expresidente Ricardo Martinelli en posibles hechos de corrupción “han surgido de nuestras propias investigaciones”, y negó que se haya obligado a algún imputado a declarar en contra.
Sterling rindió ayer un informe sobre el trabajo de las siete fiscalías anticorrupción del MP, que en la actualidad dan trámite a 72 expedientes sobre denuncias de corrupción.
Al menos 10 expedientes en los que ha sido mencionado el expresidente Ricardo Martinelli y que lo vinculan a supuestos hechos de corrupción, han sido remitidos por el MP al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, Martinelli debe ser investigado por la Corte como lo dispone la Constitución.
La CSJ actualmente ha admitido siete procesos contra Martinelli: escuchas telefónicas, indultos, contrato de comida deshidratada, compra de granos, caso de Bahía Honda, Cobranzas del Istmo y Financial Pacific.
Están en proceso de admisión o negación por la Corte otros expedientes remitidos por las fiscalías: caso de coimas por contrato de SAP, expediente de Riego de Tonosí y una investigación sobre una denuncia del Grupo F. Internacional, S.A.
Ante los señalamientos de la fiscal, Carlos Carrillo, del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que tienen constancias por escrito y objeciones de abogados que han señalado que sus clientes fueron presionados para mencionar al ex mandatario en los casos de corrupción que investigan las fiscalías.
“Eso está por escrito y hasta la fecha no se han abierto las investigaciones correspondientes”, sostuvo.
Carrillo indicó que se han hecho señalamientos contra el expresidente, que a su juicio no están en un contexto jurídico para que hayan sido remitidos a la Corte.
¿JUSTICIA SELECTIVA?
Sterling también reaccionó ante los cuestionamientos que se hacen contra los fiscales de que aplican una ‘justicia selectiva’ en las investigaciones que desarrollan, porque ordenan medidas cautelares diferentes a los imputados en los expedientes.
“Nosotros tenemos que hacer una tabulación en base al nivel de cooperación (...) la norma nos faculta en algunos momentos para hacer variaciones de las medidas más extremas -detención preventiva- tomando en cuenta la cooperación que brinden con las investigaciones”, explicó.
Ante estas acotaciones de la fiscal, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, explicó que las medidas cautelares no son una anticipación de la condena del imputado, como se ha querido interpretar, sino que cumplen un papel temporal en el curso de la investigación.
Añadió que las medidas cautelares cumplen una función de asegurar propósitos antes de que un juez evalúe el fondo del caso. Uno de esos propósito, agregó, es que no se obstaculice la investigación ni se destruyan pruebas.
CASOS DE ALTO PERFIL REMITIDOS
La fiscal Sterling precisó que el 80% de 45 expedientes de casos de corrupción de alto perfil han sido remitidos a los juzgados penales.
Indicó que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción remitió el 5 de julio pasado al Juzgado Decimoquinto Penal el expediente relacionado con las órdenes de compra para bolsas de comida, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). En este proceso la fiscalía pidió que se abra causa criminal contra 39 personas, entre exfuncionarios y empresarios.
También, la Fiscalía Tercera Anticorrupción remitió en enero pasado el expediente sobre supuestas irregularidades en el fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí, y en que se pide llamar a a juicio a 33 personas.
La investigación relacionada con supuestas irregularidades en el contrato otorgado a Cobranzas del Istmo, para la gestión de cobros de impuestos, se encuentra a espera de la fecha de audiencia por parte del Juzgado Primero Penal. Se pide abrir causa criminal contra tres personas.
También están en lo judicial los casos de alto perfil relacionados con supuestas irregularidades en los contratos para la entrega de mochilas escolares, donde se pide enjuiciar a siete exfuncionarios y 12 empresarios.
Igualmente, las fiscalías han remitido el caso sobre el contrato para la compra de comida deshidratada por $44.9 millones, en la que están imputados cuatro exfuncionarios del pasado gobierno.
El expediente sobre presuntas irregularidades en la compra de granos a través del antiguo PAN para escuelas públicas está pendiente de fecha de audiencia preliminar por el Órgano Judicial. Se pide juicio para 55 personas.
FISCALÍA DE DESCARGA
Se explicó que una vez entre la implementación del sistema penal acusatorio en el Primer Distrito Judicial, el próximo 2 de septiembre, la Fiscalía Quinta Anticorrupción será la encargada de culminar todos los expedientes que han sido valorados bajo el sistema inquisitivo, y que hasta esa fecha no se hayan concluido.
El resto de las fiscalías tramitarán las nuevas denuncias que se presenten bajo el nuevo sistema que regirá en todo el país.