Seis de las siete fiscalías anticorrupción del Ministerio Público (MP) solicitaron a la Contraloría que a través de una auditoría determine si el exministro de la Presidencia (2009-2012) Demetrio Jimmy Papadimitriu se enriqueció de manera injustificada durante su gestión.
Los fiscales pretenden establecer, además, si el exfuncionario adquirió bienes de manera irregular durante el tiempo en que estuvo en el gobierno de Ricardo Martinelli. Así lo informaron a este diario fuentes judiciales, mientras que el abogado del exministro, Giovanni Olmos, confirmó la noticia.
Olmos agregó que se trata de investigaciones que adelantan las autoridades judiciales para averiguar si los hechos en los que se señala a su cliente son congruentes o no. “El señor Papadimitriu va a sustentar todo lo que la fiscalía le pida. Las sociedades están siendo investigadas y se está dando respuesta por vía de las inspecciones oculares que realiza la fiscalía”, aseguró Olmos.
En marzo de 2015, el abogado Sidney Sittón, del equipo de defensa de Martinelli, denunció a Papadimitriu ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de falsedad de documentos, peculado y enriquecimiento injustificado.
Ese día, Sittón explicó que la acción pretendía que se investigaran cuentas de Papadimitriu en Andorra, “un paraíso fiscal”, por $300 millones.
Como parte del proceso, la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, recolectó documentos del Registro Público, del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Notaría Décima sobre sociedades y fundaciones del exministro.
El Registro Público entregó todo el historial de sociedades y fundaciones, con información de dignatarios y agentes residentes, entre otros datos. Mientras que el MEF dio el registro único de contribuyente de las sociedades.
A su vez, la Notaría Décima suministró documentación sobre los pactos sociales de cada una de las sociedades, y el MICI remitió los registros de operaciones de esas compañías.
Los artículos 8 y 9 de la Ley 59 de 1999 establecen que, de oficio o por denuncia, la Contraloría General de la República puede iniciar una investigación para determinar hechos denunciados.