La Fiscalía Segunda Anticorrupción apelará la decisión tomada por el Juzgado Decimoquinto de Circuito de lo penal que dictó sobreseimiento a dos exministros y a dos exviceministras, quienes integraban la junta directiva del Programa de Ayuda Nacional (PAN) cuando se avaló la compra de comida deshidratada en el gobierno de Ricardo Martinelli y que, según la Contraloría General de la República, ocasionó una lesión al Estado de $44.9 millones.Así lo dio a conocer la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, quien agregó que el recurso se presentará en las próximas horas, una vez se haya cumplido con la notificación correspondiente.
El titular del juzgado, Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas); y de las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social).
En el caso de Molinar, Loaiza sustentó que “no fue la ente regente que suscribió el contrato [...] Tampoco obra que Molinar actuó con dolo, ya que a lo largo de la declaración indagatoria por parte de Tamburrelli este no la menciona como sabedora y/o conocedora de que había que adjudicar el contrato [...]”.
En lo que respecta a Suárez, Fábrega y de Varela, el fallo del juez dice: “no observamos omisión alguna por parte del Consejo Directivo, por el contrario el acta [de la reunión donde se avaló la compra] consigna que se aprobó la contratación por los buenos resultados que se habían tenido por parte del cuerpo administrativo y docente de las escuelas”.
Por este caso, el Juzgado Decimoquinto llamó a juicio a cinco personas, entre los que se encuentra Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, quien tendrá que darle la cara a la justicia.
También fueron llamados a juicio por la supuesta comisión del delito de peculado al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exjefe del Departamento de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; y a Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited; empresa a la que se le adjudicó el contrato en el año 2010.
Al respecto, Porcell afirmó que "esto acredita que la teoría planteada por el Ministerio Público fue corroborada por el Tribunal en la medida en que hubo delito. Es otro resultado positivo para la labor que se viene desarrollando porque se determinó que hubo delito y hay vinculaciones".