La defensa de Adolfo “Chichi” De Obarrio, el exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, pretendía anular todas las indagatorias realizadas dentro del expediente que se instruía por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El juez Décimoquinto Penal, Leslie Loaiza, negó tal pretención, al rechazar el incidente de controversia presentado por Edna Ramos, abogada de De Obarrio.
Una nota de prensa del Órgano Judicial dejó claro que Ramos en abogada de De Obarrio, pero no del resto de los sindicados; tampoco representa al PAN.
A Ramos también se le negó otro incidente de controversia, en el que reclamaba porque no se le permitió participar en las diligencias de indagatorias realizadas a los otros imputados.
Por el contrato de $44.9 millones a Lerkshore International para la compra de alimentos deshidratados, la Fiscalía Segunda Anticorrupción emitió una vista fiscal en el que pide llamamiento a juicio para nueve personas, por la presunta comisión del delito contra la administración públicas.
Las nueve personas son: De Obarrio; el exdirector y el exjefe de Nutrición del PAN, Giacomo Tamburrelli y Ángel Flamiglietti, respectivamente; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; los exministros Federico José Suárez (Obras Públicas) y Lucy Molinar (Educación); las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social), y el representante de Lerkshore, Rubén De Ycaza. Todos tienen medidas cautelares de casa por cárcel o país por cárcel, salvo De Obarrio, el único imputado que no ha sido indagado y cuyo paradero se desconoce.
Por este caso también será investigado Martinelli, pero como éste es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), corresponde a la Corte Suprema de Justicia abrir la causa. La audiencia será el próximo lunes.
