Un mes después de haber sido detenido de manera preventiva como parte del proceso que sigue la Fiscalía Segunda Anticorrupción por supuestas anomalías en la compra de mochilas a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), el empresario Pablo Ruiz Obregón amplió ayer su indagatoria.
Al término de la diligencia, que se prolongó durante unas cuatro horas, Ruiz Obregón fue enviado de vuelta a una celda de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde está detenido desde el 8 de junio pasado.
Al ser consultado sobre el acto, su abogado, Gustavo Pereira, criticó la auditoría realizada por la Contraloría General de la República sobre los contratos otorgados por el PAN para la compra y distribución de mochilas durante el gobierno anterior.
A su juicio, los mecanismos usados por los auditores para elaborar el informe descansan en premisas totalmente equivocadas. “Las fuentes que utilizaron para esas conclusiones no son fuentes precisas”, resaltó.
La auditoría detectó una lesión patrimonial al Estado de 14 millones 229 mil 526 dólares con 73 centésimos, tras el otorgamiento de contratos entre 2012 y 2014 a seis empresas que pertenecen a los comerciantes Carlos Caneto Araúz, Poulett Morales y Ruiz Obregón.
En 2012 y 2014, Ruiz Obregón –con sus empresas Hailing Corporation, S.A. y Vafepa, S.A.– obtuvo contratos con el PAN y el Ministerio de Educación (Meduca) para el transporte, entrega y descarga de mochilas.
De acuerdo con la auditoría, los contratistas distribuyeron las mochilas en lugares distintos a lo establecido en los contratos. Por esto, los directores de planteles y padres de familia tuvieron que retirar las mochilas en centros de acopio.
Los auditores entrevistaron a por lo menos una docena de educadores, supervisores del Meduca y padres de familia, quienes aseguraron que las mochilas no llegaron a las escuelas.
Morales está detenida en la DIJ y Araúz tiene una medida de casa por cárcel.