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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Panamá acumula $67.6 millones en condenas

Las violaciones a los derechos humanos que   han ocurrido en Panamá datan de  1970, cuando imperaba la dictadura militar, hasta la fecha.

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Los indígenas de Madungandí han realizado protestas exigiendo la titulación de sus tierras Los indígenas de Madungandí han realizado protestas exigiendo la titulación de sus tierras
Los indígenas de Madungandí han realizado protestas exigiendo la titulación de sus tierras

Las cinco condenas que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado panameño, incluida la 

última del pasado 14 de octubre, suman un total de $67 millones 645 mil en indemnizaciones.  

La CIDH condenó a Panamá el 14 de octubre a pagar una indemnización de $2.3 millones por violaciones a los derechos humanos de los indígenas madungandíes de Bayano, Chepo, y les reconoció sus derechos sobre las tierras en las comunidades de Ipetí y Piriatí.  

El Estado panameño ha sido condenado otras cuatro veces desde 2001 a la fecha. 

La sentencia de mayor cuantía fue la que se dictó el 2 de febrero de 2001, en la que se condenó al pago de $65 millones a 270 extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, despedidos mediante la ley 25 en 1991 por el presidente Guillermo Endara. 

El 12 de agosto de 2008, la CIDH condenó a Panamá a pagar $256 mil a tres familiares de Heliodoro Portugal, dirigente popular desaparecido durante la dictadura militar en 1970. 

Al año siguiente, el 27 de enero, Panamá fue sentenciada a pagar $30 mil al abogado Santander Tristán, quien fue víctima de la divulgación de una conversación telefónica por parte del procurador José Antonio Sossa. 

Y el 23 de noviembre de 2010, se dio la condena de $59 mil a favor del ecuatoriano Jesús Vélez Loor quien fue objeto de abusos y malos tratos cuando fue detenido en Darién en el año 2002. 

Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, manifestó que “estas condenas deben hacer recapacitar al Estado sobre la importancia de que sus actuaciones y decisiones estén apegadas a la Constitución y las leyes”. Alegó que estas sentencias permiten que recapacitemos sobre la importancia de la Procuraduría de la Administración como asesora legal del Estado.  

“(El procurador de la Administración) debe empezar a jugar un rol mucho más activo y preventivo del que hemos visto que ha jugado en el último periodo”, dijo. 

Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que “los errores y violaciones a los derechos humanos en que incurren los malos gobiernos, los pagamos todos los panameños. El Estado panameño tiene que cumplir con la CIDH y con las víctimas”.

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