Once gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil se unieron para solicitar al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que facilite los recursos económicos para fortalecer la labor de los entes de instrucción y fiscalización judicial.
“Hay que proveer a las entidades que tienen a su cargo la administración de justicia y en particular al Ministerio Público de los instrumentos que le permitan realizar el trabajo que la ciudadanía panameña reclama y espera de este gobierno. También será labor de los gobiernos futuros, pero a usted le toca empezar”, señala una carta dirigida a Varela por el Movimiento Institucionalidad y Justicia, el Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, IPEC, el Comité Panameño por los Derechos Humanos, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Sociedad Bolivariana y el Colegio de Economistas de Panamá.
Para el Ministerio Público, las organizaciones piden una partida de $4.5 millones para establecer cuatro nuevas fiscalías “que puedan resolver el gran problema de procesar los casos de corrupción a velocidad, pero sobretodo con eficacia especial que permita que el expediente esté nutrido de pruebas por la pericia de su personal y recursos”.
Adicional, $22 millones para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), “tan necesaria para procesar las pruebas y conseguir que no se caigan los procesos”. Aunque no precisan montos, también piden fortalecer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo a La Prensa que solo en los nueve primeros meses de gobierno de Varela, se abrieron 164 casos únicamente en las fiscalías anticorrupción por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.