El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, y el jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, deberán rendir testimonio a través de un cuestionario en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una demanda que pide la nulidad del contrato otorgado a Cobranzas del Istmo en 2010 para el cobro de impuestos morosos.
Las declaraciones de Cortés y de De La Guardia fueron aprobadas por el magistrado Luis Ramón Fábrega en una resolución del 6 de este mes, que admitió pruebas testimoniales y documentales dentro de la demanda que interpuso el abogado Miguel Antonio Bernal el 27 de noviembre pasado.
Además de De La Guardia y Cortés, deben declarar el exministro del MEF Alberto Vallarino y el exdirector de la DGI Luis Cucalón, este último se encuentra detenido por orden de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por supuestas anomalías en la ejecución de este contrato.
Entre las pruebas documentales se solicitó la copia autenticada del expediente del MEF que declaró la nulidad del contrato el pasado 1 de octubre. No obstante, esa decisión fue variada, y el 5 de diciembre el MEF suspendió el contrato en mención.
Como parte del caso, la Sala también ordenó el 8 de enero pasado la suspensión provisional del contrato.
Cobranzas del Istmo firmó el contrato el 25 de agosto de 2010 y cobró $47.1 millones de comisiones.
Junto con Cucalón, la fiscalía investiga a Cristóbal Salerno, cara visible de Cobranzas del Istmo, acusado de la presunta comisión del delito de corrupción. Tiene medida cautelar de casa por cárcel.
También están imputadas y con impedimento de salida del país María Alessandra Salerno (hija de Cristóbal Salerno) y Magaly Ramos, gerente y representante legal de Cobranzas.