El Pleno de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la noche de este lunes 29 de enero de 2018, que se mantiene en sesión permanente para decidir sobre la apelación de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en el proceso que se le sigue por los 353 indultos que otorgó el expresidente al final de su mandato.
El Pleno celebró una audiencia ordinaria a partir de las 10:00 a.m. de este lunes, para escuchar los argumentos de la apelación que presentó la defensa de Martinelli, a la decisión del magistrado José Ayú Prado -en funciones de juez de garantías- de no declarar la prescripción de la acción penal dentro del proceso que se le sigue por los indultos otorgados por el exmandatario.
A las 11:30 a.m., se declaró un receso.
El acto fue presidido por el magistrado vicepresidente Hernán De León. Lo acompañaron Ángela Russo, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega, Harry Díaz y Cecilio Cedalise, y los magistrados suplentes Asunción Alonso, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta, en representación de Luis Ramón Fábrega, Zamorano y Ayú Prado. La fiscalía estuvo representada por el magistrado Abel Zamorano, que investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de deberes del servidor público.
En una audiencia celebrada el pasado 5 de enero, Ayú Prado rechazó declarar la prescripción del caso, la extinción de la acción penal y el archivo del expediente, como pretende Sittón.
Sidney Sittón, abogado de Martinelli, sostiene que el caso prescribió en agosto de 2016. Con Sittón están otros abogados de la familia Martinelli: Carlos Carrillo, Dimas Guevara y Cristóbal Arboleda. No se aprecia la presencia de familiares del exmandatario en el acto.
Sittón se quejó porque en la era republicana "nunca le abrieron un proceso penal a un expresidente" por firmar un decreto ejecutivo.
"Lo único que veo positivo de todo esto es que si se solicita la extradición de Martinelli, el magistrado fiscal debe hacer un afidávit", indicó Sittón en la sustentación oral de su apelación.
Agregó que "no encontramos una tutela judicial efectiva, porque en dos casos contra nuestro representado mantiene posiciones encontradas... Hay dos formas de interpretar las normas".
El magistrado fiscal Zamorano sostiene que no cabe la declaratoria de prescripción, dado que ya el expresidente fue declarado “en rebeldía” y, desde el 12 de diciembre de 2017 hay una orden de detención y extradición del pleno de CSJ.
Zamorano citó el artículo 158 del Código Procesal Penal, que señala que: "La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca".
Igualmente, hizo referencia al artículo 117 del mismo código, que establece que los plazos de prescripción de la acción penal se suspenden mientras dure el trámite de la extradición o por la rebeldía del imputado.
Por tanto, "la ausencia y la rebeldía suspenden todo tipo de prescripción", insistió.
El magistrado fiscal también enfatizó en que ha hecho "todos los esfuerzos para que este proceso continúe", pese a la renuencia de Martinelli que, aún en libertad, nunca quiso presentarse personalmente.
"Las estrategias que ha usado la defensa para no hacer presente al imputado han sido múltiples. Él [Martinelli] es consciente de esta audiencia y otras audiencias", dijo. De hecho, en una audiencia celebrada el 10 de mayo de 2017 -casi un mes antes de su detención, en Miami-, Zamorano intentó que Martinelli fuera declarado "en rebeldía", dado que no se presentó al acto pese a estar debidamente notificado por la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
En dicho acto celebrado el 10 de mayo pasado, Sittón solicitó el sobreseimiento provisional, hasta que se presentara su cliente -que entonces no había sido detenido aún por alguaciles federales-. Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, no acogió el pedido de Sittón, pero tampoco el de Zamorano, y optó por declarar un "receso" hasta junio de 2017, "para dar oportunidad al indiciado de que se presente... Vamos a poner los derechos humanos por encima", dijo Ayú Prado entonces.
"La perfecta estrategia sería cometer delitos, entre comillas, salir del país y esperar que todos los cargos y todos los delitos prescriban, asegurándose así la impunidad. Si esa es la verdad que ustedes están defendiendo la mañana de hoy, pues esa no es mi verdad. Mi verdad es la comparecencia de Ricardo Martinelli Berrocal para que le haga frente a estos delitos", agregó.
Zamorano remarcó que Martinelli, en el ocaso de su gobierno, otorgó indultos a personas que en su mayoría habían cometido delitos comunes, como homicidios dolosos, secuestros y tráfico de drogas. "Ni uno de los beneficiados por estos indultos era perseguido político".
A las 11:30 a.m., el magistrado De León declaró un receso y el Pleno se retiró a deliberar. Durante toda la tarde los abogados de Martinelli y los medios de comunicación esperaron que se reanudara la audiencia, sin embargo, fue pasadas las 8:30 p.m. que se conoció que el Pleno se declaraba en sesión permanente y este martes reanudaría la misma.
Inicialmente, la medida fue dada a conocer por los abogados de Martinelli y posteriormente, a las 9:01 p.m., el Órgano Judicial lo informó en su cuenta de Twitter.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene en sesión permanente para decidir sobre la apelación anunciada por el abogado defensor de un diputado del Parlacen, dentro del caso por indultos. En el día de mañana martes 30, continuará la audiencia.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene en sesión permanente para decidir sobre la apelación anunciada por el abogado defensor de un diputado del Parlacen, dentro del caso por indultos. En el día de mañana martes 30, continuará la audiencia.
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) January 30, 2018
Sittón, dijo que se les informó que los magistrados darán el fallo este martes y a la defensa de Martinelli se les convocará con una hora de anticipación. Criticó que el fiscal leyera sus argumentos y recordó que el sistema es oral.
Martinelli fue detenido en Miami el 12 de junio pasado; desde entonces está recluido en el Centro de Detenciones Federales a la espera de ser extraditado a Panamá, pero por otro caso que lleva la Corte: el de la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.
El expresidente es investigado por la Corte Suprema por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).