Este lunes 28 de diciembre de 2015 fue convocado un pleno extraordinario de la Corte Suprema de Justicia.
Está previsto que, por instrucciones del magistrado vicepresidente, Luis Ramón Fábrega, sus colegas le den trámite a la acción de habeas corpus presentada por la defensa del expresidente panameño y actual parlamentario centroamericano Ricardo Martinelli, dentro del proceso por la interceptación de las comunicaciones a al menos 150 personas durante su gobierno. El pleno deberá iniciarse a las 4:00 p.m.
Y es que el pasado lunes 21 de diciembre de 2015, en una audiencia pública, el pleno ordenó la detención provisional de Martinelli.
Desde el 11 de diciembre pasado, el magistrado Jerónimo Mejía –juez de garantías de la causa– declaró a Martinelli “en rebeldía”, por no comparecer personalmente al proceso, pese a estar notificado.
EXPECTATIVAS
Rogelio Cruz, quien forma parte de la batería de abogados de Martinelli, dijo que esperan que este lunes el pleno de la Corte “corrija su camino y sus errores”.
Entre estos citó el hecho de que su defendido haya sido declarado en rebeldía y que luego se ordenara su detención provisional.
Cruz reiteró que la orden de detención contra su cliente "es ilegal y violatoria" del debido proceso.
El abogado no quiso adelantarse a las acciones que interpondrán en caso de que le nieguen el habeas corpus.
HABLAN LAS VÍCTIMAS
“Espero que el pleno se pronuncie en justo derecho”, afirmó la dirigente perredista Balbina Herrera, quien fue una de las víctimas de los pinchazos telefónicos en el pasado gobierno (2009-2014). 
Sin embargo, Herrera es de la opinión de que no se puede seguir atrasando las medidas que haya que tomar para que Martinelli regrese al país de una vez por todas y rinda cuentas. Las víctimas esperamos que el caso avance y no se dilate más, afirmó. El también perredista Mitchell Doens, otra víctima de los pinchazos, fue más allá y señaló que la Corte debe rechazar la solicitud de la defensa de Martinelli. Dijo que estos recursos apuntan más a fomentar una “leyenda de persecución política” que a buscar responder ante los señalamientos que se le hacen al expresidente panameño. “Los abogados de Martinelli han reiterado que en Panamá no hay ningún tipo de garantía para su defendido, lo cual es falso”, explicó. Doens reiteró que Martinelli, en lugar de buscar retrasar el proceso, debe presentarse al país, escuchar los cargos que se le hacen y someterse a la justicia. En octubre pasado, el magistrado fiscal Harry Díaz presentó un escrito de acusación en el que solicita procesar a Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado). De ser hallado culpable, enfrentaría hasta 21 años de prisión. Martinelli salió de Panamá el pasado 28 de enero y desde entonces no ha regresado al país.