El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que el próximo jueves discutirá “el último proyecto” de fallo que presentó el magistrado ponente Hernán De León, sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada contra un párrafo de la Ley 55 de 2012 (Ley Blindaje) que modificó el Código Procesal Penal.
A través de una nota de prensa, la CSJ “aclaró” que el pleno resolverá el tema en su sesión ordinaria del 13 de agosto. También que no se encuentra pendiente de firma de dos magistrados, “como erróneamente se ha informado a diversos medios de comunicación”.
La demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal –que establece el plazo para investigar a los diputados de la Asamblea y el Parlacen- fue presentada por Carlos Eduardo Rubio y asignada a De León el 9 de octubre de 2013.
El artículo demandado, en su último párrafo, señala que si en un periodo de 10 días no se fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el magistrado fiscal no remite al juez de garantías la investigación, “se tendrá por extinguida la acción penal”.
Sobre esta demanda, el magistrado Oydén Ortega emitió un voto recurrente (es decir, que está de acuerdo con la mayoría, pero por razones distintas) en el que advierte que se debió declarar la inconstitucionalidad de todo el artículo 491-A, y no solo del último párrafo.
Precisamente Ortega, que es fiscal de la causa judicial abierta al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de alimentos deshidratados, presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el ya citado artículo 491-A. El proceso seguido a Martinelli –que es diputado del Parlacen- se encuentra estancado, a la espera que se resuelva éste tema.
Adicional, hay otras dos demandas contra la Ley 55 de 2012.
Ya el procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la norma “crea un fuero no justificado que viola la Constitución”.
