FALLO

Procuradora cuestiona causal de nulidad aducida por el juez en caso de los radares

Procuradora cuestiona causal de nulidad aducida por el juez en caso de los radares
La procuradora Kenia Porcell comisionó al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar.

"El Ministerio Público no es un tema de perder y de ganar, es un tema de ejercicio del contradictorio”, dijo la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sobre el fallo del juez quinto penal, Enrique Paniza, que declaró la nulidad parcial del expediente seguido a José Raúl Mulino y Alejandro Garuz -que actuaron como ministro y viceministro de Seguridad Pública en el gobierno pasado-, por la compra de los radares a la empresa italiana Selex.

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Juez declara nulo parte del expediente contra el exministro José Raúl MulinoFiscal pide juicio para José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, por la compra de radares a Selex

Las declaraciones de Porcell se dieron durante su intervención la mañana de este martes, en el programa Infoanálisis de Omega Stereo.

El juez Paniza determinó que la fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, se excedió en el término otorgado para concluir su investigación. El plazo venció el 22 de septiembre de 2015. Por tanto, el juez ordenó anular todo lo actuado en el expediente a partir de esa fecha. 

Porcell indicó que la decisión del juez no se "ubica" dentro de las causales de nulidad contenidas en el Código Judicial.

La procuradora hizo referencia al artículo 2294 del referido Código, que enumera cinco causales de nulidad en los procesos penales, a saber:

“En materia penal las causales de nulidad son taxativas, es decir, previamente identificadas y no es viable incorporar nuevas causales porque el Código [Judicial] las establece”, remarcó la funcionaria.

Porcell agregó que “cada parte juega su rol y sustenta sus argumentos” y declinó dar más especificaciones. El Ministerio Público tiene dos días -contados a partir de este martes- para apelar.

El juez Paniza también cambió las medidas cautelares de detención preventiva a Mulino y Garuz. Al primero le favoreció con impedimento de salida del país y la obligación de notificarse cada 30 días. Al segundo, con arresto domiciliario.

En enero, la fiscal Moore remitió una vista fiscal en la que solicitó llamamiento a juicio para ambos exfuncionarios, por la presunta comisión del delito contra la administración pública (peculado).


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