El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó la mañana de este martes, 30 de junio, una demanda de protección de derechos humanos dentro del caso del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se desarrolla sobre el río Tabasará, en la provincia de Chiriquí. El CIAM acudió hoy a la Corte Suprema de Justicia, en representación de la cacica general Silvia Carrera, quien se opone al desarrollo de dicho proyecto. Carrera estuvo presente junto con los abogados de esa organización, Susana Serracín y Antonio Chang, así como de miembros de la comarca indígena Ngäbe Buglé.
La acción legal está basada en "las deficiencias técnicas y las irregularidades cometidas en el proceso del estudio de impacto ambiental, [que] representan serias violaciones de los derechos humanos de acceso al agua, de la libertad de practicar la religión por parte del pueblo ngäbe y la violación directa al principio de consentimiento previo informado frente a proyectos que afectan su calidad de vida", explicó el CIAM a través de un comunicado.Está programado que el 2 de julio próximo continúe el diálogo sobre la hidroeléctrica de Barro Blanco entre grupos indígenas y representantes del Gobierno.
REUNIÓN EN CONTRALORÍA
Luego de presentar esta denuncia, la cacica Carrera se dirigió a la Contraloría General de la República para solicitarle a esta instancia auditar la concesión otorgada por el Gobierno a Barro Blanco.
"Se presentó una solicitud a la Contraloría para que se investigue la concesión de agua al proyecto de Barro Blanco, ya que la misma es sumamente perjudicial para los bienes públicos y excede el caudal del río Tabasará. Esto significa que, aun si se permitiese la operación de Barro Blanco, la hidroeléctrica no tendría suficiente agua para funcionar óptimamente la mitad del año", explica el comunicado del CIAM.
"[También] se interpuso una denuncia de bien oculto ante la Contraloría para que investigue la posible lesión patrimonial ocasionada por la empresa Genisa al declarar en dos documentos oficiales, ambos que hacen mérito de declaración jurada, dos montos totalmente distintos de su inversión en el proyecto de Barro Blanco. En el estudio de impacto ambiental, la empresa declara que el proyecto costará 62 millones de dólares, pero al momento de hacer su declaración del costo total de sus obras para pagar los respectivos impuestos municipales en Tolé, la empresa declara que el valor total de la hidroeléctrica de Barro Blanco apenas es de 22 millones de dólares", añade la nota.
Durante esta gestión, Carrera logró reunirse con el contralor Federico Humbert.
"La Contraloría le dará curso [a las denuncias interpuestas por Carrera]. Procederemos a armar el equipo necesario para poder dar respuesta", añadió Humbert.
