La constructora brasileña Odebrecht "debe llegar a un arreglo" con el sistema judicial de Panamá, a través del cual brinden los nombres de los funcionarios beneficiados que recibieron los sobornos y proporcionen las pruebas para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
Así se expresó Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), cuya junta directiva expulsó a la constructora brasileña como miembro del gremio.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre un acuerdo alcanzado entre los fiscales de Nueva York y Odebrecht, en el que la constructora —principal contratista del gobierno panameño— reconoce haber pagado $788 millones en sobornos a funcionarios de varios países. De esa cantidad, $59 millones corresponden a coimas pagadas a funcionarios panameños entre los años 2009 a 2014, a cambio de recibir contratos de obras públicas.
"Lo importante aquí es la cooperación de la empresa y dar los nombres para que la Procuraduría General de la Nación pueda hacer las investigaciones del caso", remarcó García Icaza.
"Odebrecht estaba informada del proceso [de expulsión] que veníamos siguiéndole. Ellos nos mandaron una carta el día de ayer [martes] indicando que efectivamente se retirarían de la Cámara y dejarían de participar", agregó.
Jorge García Icaza
Otro planteamiento que tiene la CCIAP —expresada por García Icaza— es que Odebrecht pague "multas millonarias" para compensar a la población panameña por los sobreprecios en las obras adjudicadas. "Y las coimas tiene que devolverlas quienes las recibieron", apuntó.
El empresario reconoció que este es un proceso que va a tardar en resolverse. "No pretendamos que en una semana vamos a tener los nombres y va a estar todo el mundo inculpado... Eso no va a pasar", opinó.
En ese sentido, remarcó que "Panamá va a tener que hacer los cambios que tiene que hacer, ya que hay países donde sí se pueden llegar a acuerdos, pero nuestra legislación no los permite".
Las bancadas de los tres principales partidos políticos en la Asamblea Nacional —Partido Revolucionario Democrático (PRD), Panameñista y Cambio Democrático (CD)— analizan el contenido del proyecto de ley 245 que propone que el acuerdo de pena que opera en el sistema penal acusatorio se pueda también implementar en el viejo sistema inquisitivo.
García Icaza se refirió a la "cruzada contra la corrupción" que impulsa la CCIAP, organización que agrupa a más de 1,900 empresas. Detalló que parte del trabajo de esta cruzada es la presión que puede hacer la ciudadanía —con orden y cautela— para que se aprueben, entre otras, las reformas a la ley de contrataciones públicas y el proyecto de ley 245.
"Por un lado hay que mantener la presión y apoyar a las autoridades que están llamadas a actuar, pero por el otro llamar a la cordura y no crear un caos en el país", agregó.
Sus declaraciones se dan un día después de que la CCIAP notificara a la constructora Odebrecht sobre su expulsión como miembro del gremio, motivada por la confesión de parte que reveló el pago masivo de coimas de la empresa brasileña a funcionarios de más de 12 países, incluyendo Panamá.
