Rigoberto González, procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, pidió explicaciones a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la designación de 931 funcionarios que forman parte del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que a partir del 2 de septiembre –con la entrada del Primer Distrito Judicial- estará vigente en todo el territorio nacional.
En una nota dirigida el 3 de agosto de 2016 a José Ayú Prado, presidente de la CSJ, González pregunta cuál fue el sustento legal que se siguió para no hacer dichos nombramientos conforme a lo previsto en la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.
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También pide información sobre cuántos de los 931 nuevos funcionarios fueron designados por el pleno de la CSJ y cuántos por la Sala Cuarta de Negocios Generales, integrada por Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega. Igualmente, cuáles nombramientos recayeron sobre asistentes de los magistrados de la CSJ.
Ayú Prado reconoció que las designaciones del personal que laborará en el Primer Distrito Judicial –Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas- no se hicieron conforme a lo que dicta la Ley 53 de 2015, porque no se asignaron los fondos para implementar la Carrera Judicial.
González recordó que está pendiente la designación del Secretario Técnico de Recursos Humanos, “cargo que tiene una gran importancia en la medida que le corresponde tomar decisiones con respecto a los funcionarios que han de ingresar al Órgano Judicial”.
“Es por ello que dicho nombramiento debe hacerse en base a criterios que permitan la mayor transparencia posible. Esta Secretaría Técnica debe contar, además, con personal suficientemente capacitado”, señala el procurador en la nota dirigida al magistrado presidente.
También enfatizó que aún no se han elaborado los 23 reglamentos, que son necesarios para la implementación de la Carrera Judicial. “De igual manera, se requiere contar con el apoyo logístico para la conformación de los consejos que se establecen en la ley de Carrera Judicial, así como elaborar las normas ético disciplinario como la Implementación del Tribunal de Integridad y Transparencia”, remarcó.
Ayú Prado, por su parte, “aclaró a la ciudadanía” que entre enero de 2015 a julio de 2016 el Órgano Judicial no ha recibido créditos adicionales para implementar la Carrera Judicial. Negó que en el 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le otorgara $10 millones para la aplicación de la Ley 53.