El procurador de la administración, Rigoberto González, le envió una nota este miércoles, 4 de mayo, al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, en la que le pide que le informe sobre las medidas que ha adoptado tras el escándalo del supuesto arresto del jefe de Planillas en el despacho del viceministro Rogelio Donadío.
Según explicó González en la misiva, esta situación le preocupa, por lo que requiere una información oficial.
El jefe de Planillas del Ministerio de Seguridad Pública, Carlos López, relató que Donadío, vestido con el uniforme militar del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo esposó en su despacho por firmar lo que -a criterio del viceministro- eran documentos ilegales.
Así consta en una nota de tres páginas que López envió el 9 de noviembre de 2015 al director institucional de Recursos Humanos, Sami Far. Donadío confirmó la existencia de dicha nota.
Los hechos habrían ocurrido el 29 de octubre de 2015. Donadío -siempre según la versión de López- le llamó a su oficina, le pidió sentarse y le acercó un vaso de agua, porque "lo que venía no era nada bueno".
En la nota a Far, López contó que Donadío ordenó a un escolta que le esposaran con las manos atrás, en presencia de tres funcionarios más. Reiteradamente le llamó "delincuente". Cuando finalmente fue liberado, el viceministro le informó que lo había hecho para darle un "escarmiento".
En el Knockout de la edición de La Prensa del pasado domingo 1 de mayo, Aguilera confirmó que eso solo lo estaba investigando Recursos Humanos del ministerio.
La privación de libertad sin justificación alguna y orden de autoridad competente está contemplada como un delito en el Código Penal. Y conlleva pena de hasta tres años de prisión, aunque sube a cuatro años cuando la acción sea ordenada o ejecutada por un funcionario.
