La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sostuvo que ha mantenido comunicación con los fiscales generales de varios países, interesados en obtener información sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca.
“A todos les he dicho que el Ministerio Público brindará toda la colaboración pertinente”, dijo Porcell, al mediodía de este miércoles 13 de abril, cuando se cumplían 18 horas de la diligencia de allanamiento en las oficinas locales de Mossack Fonseca, en Marbella.
Porcell aclaró que todavía no ha recibido asistencias judiciales, pero sí ha conversado con los procuradores de Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica; este último es el presidente de una asociación de fiscales generales de la región centroamericana. A ellos les informó que el Ministerio Público manejará el caso “con total transparencia” y al margen de la política, pese a que los cofundadores de la firma –Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora– mantuvieron contacto con el gobierno actual: el primero como miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y el segundo, como asesor presidencial, cargo al que renunció en marzo pasado.
El allanamiento es dirigido por Javier Caraballo, al frente de la recién creada Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Porcell precisó que en la diligencia, “se está buscando información, documentos, evidencias que permitan acreditar la comisión de hechos punibles”. No obstante, recordó que en Panamá, la evasión fiscal, “no es un delito penal”.
Sobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo –quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas–, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores… El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.
Porcell también precisó que la diligencia está motivada por las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en las que se revela la participación de la firma de abogados en complejos entramados a través de sociedades offshore para supuestas actividades ilegales.