La fiscal de descarga del Ministerio Público, Vielka Vargas de Byrne, solicitó el llamamiento a juicio de 7 de los 11 investigados por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en perjuicio de 10 neonatos fallecidos en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), luego que se les suministrara alcohol bencílico con heparina.
Durante la audiencia preliminar celebrada la tarde de este martes, 15 de noviembre, en la sede del Juzgado Quinto Penal la fiscal, Vargas dijo que informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc) determinaron que el fallecimiento de los infantes se produjo por el suministro del alcohol bencílico con heparina.
La funcionaria también explicó que la sustancia fue suministrada a los neonatos por parte del personal hospitalario a pesar de la existencia de advertencias que recomendaban no utilizarlo en infantes.
La fiscal Vargas también solicitó el sobreseimiento a favor de los médicos Nilsa Domínguez, Martin Lasso, Juan José Arauz y Nestor Castillero. En este punto la fiscal estimó que los médicos no tuvieron mayor responsabilidad penal en el suministro de los medicamentos a los neonatos.
Tras el alegato de la fiscal Vargas, el juez quinto penal Enrique Paniza decidió suspender el acto de audiencia hasta el próximo 25 de noviembre, tras una petición realizada por los abogados querellantes.
También, durante la audiencia el juez Paniza rechazó un incidente de nulidad contra el proceso.
La investigación se inició en el año 2103 luego que se reportara el deceso de varios infantes en la sala de neonatología del Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social.
Para el próximo 25 de noviembre se deberán evacuar los alegatos de los querellantes y los abogados defensores de los imputados.
Durante la investigación, que cuenta con 51 tomos y 24 mil 538 páginas, la fiscalía debió solicitar la asistencia de una comisión de especialistas para evaluar los expedientes de cada uno de los neonatos afectados por el tratamiento suministrados en la CSS.
En el proceso se tomó declaraciones a los médicos que conformaron la Junta Médica Forense y se realizaron 40 inspecciones oculares a instituciones públicas y empresas privadas, tales como casas farmacéuticas, Ministerio de Salud, y unidades ejecutoras de la CSS.
El 26 de agosto del 2015 la Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga una pensión de 600 dólares a los familiares de los afectados.