Las 52 personas rescatadas en el P.H. Ever Island, que presuntamente eran víctimas de explotación sexual, pagaban de $500 a $600 por mes a los tratantes, según las investigaciones a cargo de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.
El informe preliminar de las pesquisas apunta a que la red de trata de personas operaba en tres plantas del edificio conformado por 10 pisos.
En cada apartamento los tratantes mantenían a seis personas, divididas en tres habitaciones. Según fuentes del Ministerio Público, dos personas se encontraban en una habitación con una cama para ambas.
Según la fiscalía, a cargo de Rafael Baloyes, a final de mes, por cada apartamento, los tratantes obtenían ganancias de hasta $3 mil. Ellos se encargaban de alojar a las 52 personas en 11 habitaciones del P.H. Ever Island, ubicado en calle 49 este de El Cangrejo.
En el allanamiento efectuado el 20 de julio pasado, las autoridades del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial pudieron recabar algunas pruebas como escritos a mano, que posteriormente eran enviados a los clasificados impresos y digitales para ofrecer servicios sexuales.
El operativo dio con la aprehensión de dos ecuatorianos, los cuales supuestamente son los cabecillas de la red. Ya la fiscalía ordenó la medida cautelar de detención preventiva por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual de 28 mujeres y 24 hombres provenientes de Colombia y Venezuela.
El operativo fue calificado por las autoridades del Ministerio Público como un duro golpe contra la trata de personas.
El Informe Anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la Trata de Personas 2015 destaca que el Gobierno de Panamá no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar este flagelo. Sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.
Reconoce que aunque “las autoridades incrementaron el número de víctimas identificadas, incluyendo más víctimas de trata laboral; condenaron a cinco tratantes por trata sexual en dos casos, y continuaron sus esfuerzos de concienciación pública. La protección a víctimas fue insuficiente y la mayoría de las víctimas identificadas no recibieron servicios”.