La deportación del panameño Mayer Mizrachi depende de las autoridades de Colombia, dijo la vicepresidenta de la República y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado.
Las declaraciones de De Saint Malo surgen dos días antes que venza el plazo de 10 días que tenía Mizrachi para apelar la negativa de asilo político en Colombia.
El panameño fue aprehendido en la ciudad de Cartagena el pasado 29 de diciembre de 2015, dado que tenía una alerta de Interpol a solicitud del Ministerio Público, que lo requiere como parte de una investigación por un contrato que su empresa Criptext pactó con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG). Mizrachi fue trasladado a Bogotá, donde estuvo detenido en la cárcel La Picota, cerca de seis meses.
De Saint Malo aclaró este miércoles 20 de julio que el caso de Mizrachi ya no está en la esfera del Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que la orden de extradición ya no está vigente. Lo que corresponde es su deportación de Colombia; las autoridades del vecino país han dicho que Mizrachi está ilegal y que, una vez sea deportado, no podrá ingresar al país en 10 años.
La vicepresidenta y canciller agregó que ese expediente está siguiendo su curso y el Ministerio de Relaciones Exteriores está dispuesto a tramitar cualquier solicitud que le corresponda.
Mizrachi deberá comparecer el próximo 26 de agosto a una audiencia en la que también están llamados el exdirector de la AIG, Eduardo Jaén, y otros tres exfuncionarios.
En la audiencia deberán explicar la instalación de un programa de mensajería adquirido a Criptext, propiedad de Mizrachi.
El pasado 11 de julio la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, expresó que no hay motivaciones “políticas" en la negativa de su país de otorgar asilo político a Mizrachi.