CONTRATACIONES PÚBLICAS

Procurador de la Administración alertó sobre división de materia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación de oficio por presuntas anomalías en el programa Techo de Esperanza que ejecuta el Miviot.

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Rigoberto González. Rigoberto González.

Rigoberto González. Foto por: LA PRENSA/ Archivo

Rafael Stanziola, jefe de la Dirección de Asistencia Social. Rafael Stanziola, jefe de la Dirección de Asistencia Social.

Rafael Stanziola, jefe de la Dirección de Asistencia Social. Foto por: LA PRENSA/ Archivo

El 11 de junio del año pasado, el jefe del entonces Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración para conocer si en las contrataciones de la entidad regía el principio de división de materia aplicado por la Contraloría General de la República.

Un mes y tres días después, precisamente el 14 de julio de ese año, el procurador de la Administración, Rigoberto González, le respondió a Stanziola que “a nuestro criterio, la Contraloría General de la República es el órgano con facultad constitucional y legales competente para fiscalizar, analizar, regular, y pronunciarse sobre todos los temas que impliquen actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, incluyendo la fiscalización de la existencia o no de la división de materia, dentro de las contrataciones del Programa de Ayuda Nacional para prevenir y evitar la posible afectación del patrimonio público del Estado”.

Entre julio de 2014 -cuando Rafael Stanziola asumió la dirección del PAN- y el 2 de enero de 2016, esta entidad ha desembolsado al menos $125 millones en compras superiores a los $100 mil, según investigaciones periodísticas de este diario.

Al menos $20 millones de ese total se otorgaron de forma fraccionada. Es decir, varios pagos por un mismo servicio divididos en cifras inferiores a $300 mil. Esta medida permitió que todos esos pagos se hicieran de forma discrecional por parte del director Stanziola, sin requerir el aval del Consejo Directivo de la entidad, conocida hoy como DAS.

Entre esos pagos figuran $3.4 millones que el PAN giró a favor de tres empresas que hacían obras del programa Techos de Esperanza que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y que es objeto de una investigación por el Ministerio Público.

Destaca entre esos pagos los $2.1 millones que recibió Airco, S.A., propiedad de Pedro Vallarino Trombetta, que fue contratada en, al menos, 22 ocasiones por cifras menores a $300 mil en momentos en que este era directivo del banco estatal Caja de Ahorros.

MARIO ETCHELECU COMPARECE

Al respecto, el titular del Miviot, Mario Etchelecu, acudió ayer a la Procuraduría General de la Nación. “[Vine a ponerme a disposición] de cualquier investigación o solicitud de información” que requiera la jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, en el transcurso del proceso judicial abierto. 

Etchelecu dejó claro que no va a renunciar.

MP HABLA

El funcionario fue atendido por la procuradora Porcell y el secretario y subsecretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño y David Díaz, respectivamente, dijo un comunicado del MP, que califica la comparecencia del ministro bajo investigación como una “visita”.

Según el comunicado, la procuradora estaría girando la solicitud a la Contraloría para efectuar una auditoría, requisito necesario para la investigación.

“La sociedad panameña debe tener la certeza y tranquilidad que esta institución, encargada de la persecución del delito, actuará siempre de conformidad a lo que establece la Constitución y la ley”, señala la nota de la Procuraduría.

VARELA REITERA DEFENSA

El presidente Juan Carlos Varela, en un acto público en la capital, volvió a defender a Mario Etchelecu y a Rafael Stanziola.

Reiteró que tiene informes de que las cosas hoy se compran de manera diferente y recordó que en el pasado se llegó a utilizar el PAN, incluso para comprar una “máquina pinchadora que costó $14 millones y nadie sabe ni dónde está”.

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