Las denuncias contra el magistrado del Segundo Tribunal de Justicia Wilfredo Sáenz ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional por declarar nulo un proceso seguido a miembros del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli han generado una controversia entre los que opinan que esta es la instancia que debe manejar el caso, y los que dicen que no.
El presidente de la Comisión de Credenciales, el panameñista Jorge Alberto Rosas, dice “no estar muy seguro” de que la denuncia contra Sáenz debió ser presentada ante su comisión, al afirmar que [el caso] se fundamenta en una actuación de Sáenz como magistrado del Segundo Tribunal de Justicia y no como magistrado suplente de la Corte.
Rosas sugiere que es necesario hacer un análisis legal de esta situación para luego tomar una decisión.
Motivado por el argumento de Rosas, el abogado Ángel Álvarez, quien denunció a Sáenz por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, presentó ayer ante la Comisión de Credenciales copia de la Gaceta Oficial en la que aparece el nombramiento de Sáenz como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia.
Álvarez, incluso, calificó el comentario de Rosas como un intento de eludir la responsabilidad que tiene la Comisión de Credenciales para adelantar una investigación de los hechos, y para que sea el Ministerio Público el que se haga cargo del caso, aun cuando no tiene competencia para investigar a Sáenz.
Recalcó que este argumento sería similar a que los diputados suplentes de la Asamblea Nacional, cuando no estén en funciones y cometan un delito, sean investigados por el Ministerio Público y no por la Corte.
Explicó que, recientemente, la Corte Suprema investigó y juzgó al diputado suplente Samuel Bennett por la presunta comisión de blanqueo de capitales, cuando no estaba habilitado como diputado suplente.
Álvarez insiste en que la Asamblea debe analizar la denuncia y abrir la investigación a raíz de “todas las irregularidades en el fallo del pasado 23 de septiembre de una investigación a 14 personas por supuesto blanqueo de capitales relacionadas con cuentas y bienes del exmagistrado Alejandro Moncada Luna. Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, es otro de los que reitera que es la Asamblea la encargada de investigar a los magistrados de la Corte al recordar que Sáenz es magistrado suplente de la Corte de manera permanente.
A su juicio, Sáenz no puede desprenderse de su investidura de magistrado suplente de la Corte, aun cuando ejerce sus funciones de magistrado del Segundo Tribunal de Justicia.
Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal sostuvo que la norma “es inequívoca” al establecer que corresponde a la Asamblea investigar a los magistrados de la Corte, sean principales o suplentes, y que esta investidura no se pierde hasta que termine su período.
Recalcó que en este caso, Sáenz, a pesar de haber expresado una opinión jurídica como miembro del Segundo Tribunal, no pierde su investidura.
EL FALLO
Sáenz y su colega María de Lourdes Estrada en la sentencia se preguntan: ¿cómo y con base en qué se han formulado cargos de blanqueo de capitales a personas allegadas al exmagistrado Moncada Luna, si a él le fue eliminada esa acusación?
Mientras que el también magistrado Luis Mario Carrasco salvó su voto explicando, entre otros aspectos, que el acuerdo de pena pactado entre Moncada Luna y el fiscal del caso Pedro Miguel González, “no hace desaparecer los hechos pasados ni las conductas realizadas”.
Asamblea debe investigar a Sáenz
La presentación de una denuncia penal ante la Asamblea Nacional por parte del abogado Ángel Álvarez en contra del magistrado del Segundo Tribunal Superior, Wilfredo Sáenz, ha generado una controversia jurídica acerca de la autoridad competente para conocer este caso.
A simple vista, parecería que un magistrado del Tribunal Superior debería ser sujeto de las reglas de competencia que establece el Código Procesal Penal en el artículo 40 numeral 1, que asigna el conocimiento de estos casos a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, y la investigación le correspondería a la Procuradora. Lo anterior no es aplicable a Sáenz, porque es suplente en la Corte Suprema de Justicia.
Según el artículo 203 de nuestra Constitución, la Corte está conformada por los magistrados principales y suplentes que hayan sido nominados por acuerdo del Consejo de Gabinete y ratificados por la Asamblea Nacional. Esto quiere decir que la competencia para conocer la denuncia en contra de Sáenz corresponde privativamente a la Asamblea Nacional.
El autor es abogado