La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), hizo un llamado al Órgano Ejecutivo para que "demuestre su voluntad de lograr una justicia independiente, imparcial y expedita" en el país.
Le solicitó dos "acciones puntales": nombrar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otorgarle las partidas presupuestarias necesarias para reforzar la administración de justicia.
"Esta actuaciones puntuales demostrarían a la ciudadanía y a todos los estamentos de la administración de justicia un compromiso de hechos y no de palabras", destacó TI a través de un comunicado.
Recordó que desde la destitución de Alejandro Moncada Luna como magistrado de la Corte, en febrero de 2015, no han nombrado a un magistrado principal. A la fecha, ese espacio lo ocupa el magistrado suplente Abel Zamorano. "La necesidad de una justicia imparcial requiere del nombramiento de un magistrado principal comprobadamente probo e independiente", agregó.
De acuerdo con la organización, en las últimas semanas diversos voceros del Ejecutivo, incluyendo el mandatario Juan Carlos Varela, han efectuado declaraciones a favor del "cumplimiento de la justicia", especialmente frente a los casos de corrupción de alto perfil que investiga el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
A la PGN se le ha aumentado el presupuesto en 62% desde el 2014. Al OJ en 52%. Son dos de las entidades con mayor aumento en ese período.
A la PGN se le ha aumentado el presupuesto en 62% desde el 2014. Al OJ en 52%. Son dos de las entidades con mayor aumento en ese período.
— Ivan Zarak (@ivanzarak) September 15, 2017
Sin embargo, esta misma semana, tanto la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, como el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, se quejaron por el recorte del presupuesto solicitado para la vigencia fiscal de 2018.
El miércoles 13 de septiembre, durante la presentación de las vistas fiscales en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Porcell pidió a los diputados que revalúen el presupuesto que se le asignó a la Procuraduría de la Nación para 2018 y que asciende a $116.6 millones. Dijo que el MP solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas $151.1 millones para 2018, pero le asignaron $116.6 millones.
En tanto, Ayú Prado advirtió el jueves 14 de septiembre de que el recorte presupuestario efectuado al Órgano Judicial para 2018 obligará al aplazamiento de la carrera judicial y retrasará algunas obras asignadas para el avance del sistema penal acusatorio (SPA), entre otras consecuencias.
Explicó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de $346 millones, pero le asignaron $159 millones.