La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), asegura que las actuaciones de la administración de justicia, tanto en la función de investigación y procesamiento del Ministerio Público, como la función de resolución del Órgano Judicial "arroja un balance negativo" en los múltiples casos de corrupción en el país.
Ese balance negativo incluye "sobreseimientos inexplicables, anulaciones de pruebas, jueces interinos con historiales nefastos y otros". Y ahora se "corona" con la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de cerrar el tiempo de investigación del "mayor esquema de corrupción en la historia de país: la actividad criminal de la empresa Odebrecht en Panamá", señala un comunicado de la fundación.
"Es una decisión que cuestionamos y denunciamos desde el derecho procesal, por ser una causa que cumple de sobra los criterios de complejidad", señala.
"La corrupción contraataca y la impunidad es su arma por excelencia", destaca el comunicado.
También envía un mensaje al Ministerio Público y al Ejecutivo. Al Ministerio Público solicita que sea más "proactivo, valiente e independiente" para que tome todas la acciones correspondientes para "agotar la última instancia en la Corte Suprema de Justicia".
Al Ejecutivo le recuerda la promesa del presidente Laurentino Cortizo, de nombrar magistrados y procuradores "sin nexos políticos, de negocios o familiares".
"Si queremos acabar con la impunidad, necesitamos a los mejores operadores de justicia: probos, independientes, con experiencia judicial y valientes ante la corrupción", agrega la Fundación.
