SELEX/FINMECCANICA

Transparencia Internacional analiza fallo que anuló la investigación de los radares

En un esfuerzo por entender el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anuló parcialmente la investigación de la compra de 19 radares a Selex, una filial de la italiana Finmeccanica, Transparencia Internacional solicitó a tres juristas que analizaran dicha decisión, desde la perspectiva del derecho internacional en temas de debido proceso, derechos humanos y corrupción.

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Se trata del peruano Luis Vargas Valdivia, el chileno Ciro Colombara y el argentino Hugo Wortman Jofre.

“Transparencia Internacional ha considerado conveniente pedir la opinión de destacados juristas de la región y analizar la controversial sentencia de la CSJ de Panamá, que acoge el pedido de un procesado y declara nulo buena parte del proceso, anulando pruebas fundamentales que demuestran la responsabilidad de los autores de ese grave caso de corrupción de Finmeccanica, que llega incluso al expresidente [Ricardo] Martinelli”, señala una nota de prensa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

La CSJ, en  un fallo del 6 de abril pero fue que divulgado el 31 de agosto pasado, admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, ministro y viceministro de Seguridad Pública, respectivamente, en el gobierno de Martinelli (2009-2014).

El fallo, que tuvo como ponente a la magistrada Ángela Russo, anuló las resoluciones de formulación de cargos y de indagatoria, así como las medidas cautelares y la vista fiscal de enero de 2016 con solicitud de llamamiento a juicio para Mulino y Garuz, con el argumento de que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga se había excedido en los plazos de la investigación.

Después del fallo y con buena parte del expediente invalidado, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga emitió una nueva vista fiscal, esta vez pidiendo un sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal.

Los radares, que resultaron inservibles, fueron adquiridos en el año 2010, a un costo de $125 millones.

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