El Tribunal Electoral (TE) levantó el fuero electoral penal del que goza Sara Melissa Montenegro Pérez de Vallarino, actual diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y antigua abogada de la firma Mossack Fonseca.
La solicitud fue remitida al TE por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, como parte de la investigación que le sigue el rastro a sociedades creadas por Mossack Fonseca en Brasil, para supuesto blanqueo de capitales.
La petición fue aceptada el 2 de julio pasado. Como magistrado sustanciador actuó Eduardo Valdés Escoffery.
Montenegro goza de fuero desde el año pasado, desde que compitió como candidata a diputada en el circuito 8-7, en las primarias del PRD. Perdió la contiende, pero luego fue postulada como suplente de Crispiano Adames, quien logró la reelección en las elecciones del 5 de mayo pasado.
El fuero electoral penal garantiza a los participantes en los procesos electorales no ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en alguna causa penal, policiva o administrativa, que tenga pena o sanción de privación de la libertad, sin que exista autorización previa del TE. La única excepción a esta garantía es el arresto en la comisión de flagrante delito.
El 22 de mayo de 2018, el Ministerio Público emitió una orden para conducir a la abogada y se realizaron diligencias de allanamiento en su residencia, luego de que no se presentara a rendir declaración indagatoria como parte de la investigación conducida por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Posteriormente, el Segundo Tribunal Superior Penal le concedió una fianza de 150 mil dólares.
Al tener ahora la condición de diputada suplente, el caso de Montenegro tendría que pasar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los elementos probatorios que tiene el fiscal, están las transcripciones de varias comunicaciones de Montenegro con abogados de la firma, como Jurgen Mossack, Ramón Fonseca y Edison Teano.
En una de esta comunicaciones, queda evidenciado que la firma había incorporado sociedades que mantenían vínculos con Odebrecht en República Dominicana, por ejemplo.