El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó las fianzas de excarcelación a favor de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), y Manuel Morales Díez, representante del consorcio HPC-Contratas-P&V, contratista del fallido proyecto del centro de convenciones de Amador.
Francolini está detenido preventivamente desde el 12 de octubre pasado, por orden de la fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, que investiga el préstamo de $9 millones que la CA otorgó al consorcio para la supuesta construcción del centro en Amador.
Morales nunca ha comparecido personalmente al proceso, por lo que el Ministerio Público solicitó una "alerta roja" a Interpol, para procurar su ubicación y detención.
En un fallo del pasado 13 de enero firmado por María de Lourdes Estrada (magistrada ponente) y Manuel Mata (suplente especial), el Tribunal ratifica la decisión del Juzgado Decimotercero Penal, que en octubre pasado denegó la fianza de excarcelación solicitada por los abogados defensores de Francolini y Morales.
En el mismo fallo, los magistrados mantuvieron la detención de los empresarios Tobías Garrido Nicolau y Jairzon Lemar Hurtado Cáceres y de Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, gerente y subgerente general, respectivamente, de la CA, en la administración pasada (2009-2014). Todos están detenidos, salvo Arosemena Pino, a quien la fiscal Sterling le cambió la medida cautelar de detención preventiva a impedimento de salida del país sin autorización judicial.
Los magistrados alegan que hay suficientes elementos que vinculan a los imputados con la comisión del supuesto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.
“Es un delito que conlleva una alta penalidad, aspecto que puede influir en menor o mayor medida, lo que podría poner en riesgo y hacer infructuoso los resultados del proceso, por lo que el beneficio de fianza de excarcelación deberá ser negado”, indica el fallo.
Estrada y Mata sostienen que el préstamo otorgado a HPC-Contratas-P&V no contaba con algunos requisitos inherentes a este tipo de préstamo, conforme dicta el manual de crédito de la institución y según lo destacó la CA en un informe de auditoría interna, “no ejerciéndose los controles administrativos del caso, lo que derivó en el desvío de millones de dólares por parte de los representantes del consorcio a sociedades que no guardaban relación con actividades de la construcción”.
En el expediente se ha podido acreditar que de los $9 millones desembolsados por la CA, $500 mil fueron a una cuenta a nombre de una sociedad (Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A.) en la que Francolini –que desde su posición de presidente de la junta directiva de la CA fue “pieza clave” para el préstamo a favor del consorcio– figura como secretario de la junta directiva.
Igualmente consta que, siguiendo instrucciones de Manuel Morales, se desviaron dos cheques de gerencia emitidos por la CA a dos sociedades de Cristóbal Salerno.
Salerno, en una declaración jurada, le contó a la fiscal Sterling que los cheques se los entregó Morales personalmente, indicándole que eran para abonar una deuda de $5.2 millones contraída por West Valdés, exdirectivo de Financial Pacific (FP), que en aquella época intentaba tapar un agujero financiero en la casa de valores.
El Ministerio Público también intenta ubicar a Valdés, a través de una solicitud de "alerta roja" a Interpol.
La audiencia preliminar por este caso está programada para el 27 de marzo.