El Segundo Tribunal de Justicia confirmó una fianza de excarcelación de 200 mil dólares al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima investigado por delitos contra la administración pública por anomalías en la compra de bolsas de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Esta decisión se produce luego que el Juzgado Decimoquinto concedió el pasado 5 de febrero la fianza de excarcelación a De Lima, quien permanece detenido en la policía de Ancón. Una fuente judicial informó que en la tarde de hoy la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, quien había apelado la medida del juzgado, fue notificada de la decisión del Segundo Tribunal de Justicia. La fuente detalló que una vez De Lima logre consignar la fianza quedaría en libertad, aunque se le aplicaría un impedimento de salida del país, para que comparezca al proceso que se le sigue por delitos contra la administración pública.
El Segundo Tribunal de Justicia confirmó una fianza de excarcelación de 200 mil dólares al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima investigado por delitos contra la administración pública por anomalías en la compra de bolsas de granos a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Esta decisión se produce luego que el Juzgado Decimoquinto concedió el pasado 5 de febrero la fianza de excarcelación a De Lima, quien permanece detenido en la policía de Ancón.
Una fuente judicial informó que en la tarde de hoy la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, quien había apelado la medida del juzgado, fue notificada de la decisión del Segundo Tribunal de Justicia.
La fuente detalló que una vez De Lima logre consignar la fianza quedaría en libertad, aunque se le aplicaría un impedimento de salida del país, para que comparezca al proceso que se le sigue por delitos contra la administración pública.
A De Lima se le concedió la fianza bajo los criterios de que ya participó en la mayoría de las diligencias relevantes, como las declaraciones indagatorias y diligencias de careo, y por ende, ya se desvanece el peligro o riesgo de contaminación de pruebas o de desatención a citaciones al Ministerio Público.
Por este caso [compra de bolsas de granos] la Contraloría General calculó una lesión patrimonial al Estado por $12.3 millones.
