Las "realidades político-jurídicas" han cambiado y hay oportunidad para crear "una alternativa política" para cambiar el "rumbo de destrucción" del país.
Con estos argumentos la "oficina del expresidente Ricardo Martinelli" justifica su decisión de desistir a los recursos presentados en tribunales estadounidenses y, de ese modo, facilitar su extradición a Panamá desde Miami, donde está detenido desde hace 11 meses y 12 días.
Alma Cortés, abogada de Martinelli en Panamá, informó que el equipo legal ya coordina con la Cancillería panameña el eventual traslado del expresidente, "a fin de garantizarle sus derechos humanos y que se cumpla con el tratado de extradición".
A esta hora, en la Corte Federal de Apelaciones del 11° circuito estadounidense, con sede en Atlanta, no se ha presentado ningún escrito en el que los abogados de Martinelli desisten de los recursos presentados por su cliente: una apelación contra la decisión de la jueza Marcia Cooke, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, de negarle un habeas corpus en febrero pasado, y una moción para impedir que fuera extraditado hasta tanto se resolviera dicha apelación.
La defensa tecnica del ex mandatario @rmartinelli esta coordinando con la Canciller y la CSJ su extradición a fin de garantizarle el respeto a sus DDHH y se cumpla con lo establecido en el Tratado 1904. Viene a ordenes del PLENO por supuesta REBELDIA no por delito. @nexnoticias pic.twitter.com/RzxVjL1icn
La defensa tecnica del ex mandatario @rmartinelli esta coordinando con la Canciller y la CSJ su extradición a fin de garantizarle el respeto a sus DDHH y se cumpla con lo establecido en el Tratado 1904. Viene a ordenes del PLENO por supuesta REBELDIA no por delito. @nexnoticias pic.twitter.com/RzxVjL1icn
— Alma Lorena Cortés A (@almacortes20) May 24, 2018
El pasado miércoles, Martinelli –a través de una nota manuscrita cuya autenticidad fue confirmada por su abogado Sidney Sittón– anunció su "renuncia" a dichas apelaciones. "Me estoy acogiendo a lo que dice el tratado de extradición de 1905 con su cláusula de especialidad", agrega Martinelli en su nota.
De ser así, la extradición dependerá ahora del Departamento de Estado estadounidense.
En el comunicado divulgado este jueves por la oficina del expresidente, se resalta que "las nuevas realidades político-jurídicas existentes hoy en Panamá podrían darle mayores oportunidades a la titánica pero desigual lucha que ha librado su extraordinario equipo de profesionales del derecho que le ha representado desde el año 2015".
Agrega la nota que Martinelli "considera su deber hacer todo lo que está a su alcance para contribuir a crear una alternativa política que devuelva la fe y la esperanza a los panameños", y se vuelve a presentar al exmandatario como un perseguido político del gobierno de Juan Carlos Varela, quien supuestamente pretende inhabilitarlo "política y electoralmente".
En el comunicado también se hace referencia a John Feeley, embajador de Estados Unidos en Panamá hasta marzo pasado. Su "reciente grave confesión en el sentido de reconocer que había hecho presiones para lograr la detención del expresidente Martinelli" también habría sido un factor considerado por Martinelli para desistir de los recursos legales.

La extraditabilidad ya fue certificada por el juez Edwin Torres, también de la Corte del Distrito Sur de la Florida, el 31 de agosto de 2017, y posteriormente avalada por la jueza Cooke, al negar el habeas corpus, hace cinco meses.
Precisamente el juez Torres envió al Departamento de Estado la certificación a favor de la extradición el 7 de marzo pasado.
La decisión de Martinelli se conoce horas después de que el tribunal anunciara que el próximo 19 de julio se celebrará la audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de la apelación del habeas corpus y de la excarcelación del expresidente.
Este último recurso guarda relación con la apelación de la fiscalía de Miami de liberar a Martinelli a cambio de un depósito de $1 millón. Dicha fianza fue otorgada por la jueza Cooke, quien el 13 de febrero pasado consideró que Martinelli podía esperar en su residencia a que se completara su entrega a Panamá.
Al día siguiente, la jueza dejó sin efecto la fianza al conocer que la misma había sido apelada por los fiscales.
